A 26 días de los allanamientos por difusión de imágenes de abuso sexual infantil en Santa Fe, la Justicia aún no resolvió si los sospechosos transitarán la causa detenidos, o seguirán libres.
El pasado martes 7 de mayo, la Policía de Santa Fe detuvo a dos hombres sospechados de integrar una red internacional de difusión de imágenes sexuales infantiles.
Cinco días después, ambos recuperaron la libertad porque una jueza consideró que los elementos de prueba reunidos por la fiscal del caso resultaban, por lo menos, endebles para mantenerlos detenidos.
En medio de una serie de inquietantes contradicciones públicas con la jueza, la fiscal apeló la decisión de liberarlos e insistió en la necesidad de que permanezcan en prisión mientras la causa avanza.
Recién este viernes 31 de mayo, -19 días después de que los dos sospechosos fueran liberados- se supo que el camarista Roberto Reyes será el encargado de tomar esta elemental decisión para un caso que, si bien recién comienza, genera impacto público por las características de los delitos investigados.
En definitiva, a 26 días de aquel martes en que se realizaron los allanamientos, la Justicia aún no resolvió si los imputados deben transitar la causa en prisión, o seguir en libertad como hasta ahora.
La verdad es que, para la lógica de los tiempos judiciales, los 26 días transcurridos desde el momento de la detención de estos hombres y los 19 días que llevan en libertad, representan plazos relativamente breves. Incluso, aceptables.
En general, en aquellas causas donde no hay personas detenidas -como en este caso-, los tiempos suelen ser aún más laxos.
Sin embargo, para un ciudadano ajeno a la lógica y a las prácticas judiciales, puede resultar cuanto menos perturbadora la posibilidad de que dos abusadores de menores se encuentren libres, mientras la administración de Justicia se toma sus tiempos para designar a una persona que decida si transitan el proceso tras las rejas, o en prisión.
Si estos hombres son inocentes de los cargos que se les imputan, seguramente viven una verdadera pesadilla. Sin embargo, si fueron capaces de integrar una red de distribución de imágenes de abusos sexuales contra niños y niñas, la situación cambia, pues continúan con sus vidas como si nada hubiese pasado.
Frente a semejante contexto y lo aberrante de los delitos investigados, no parece descabellado pensar que en casos como éste el sistema judicial debería actuar con mayor celeridad.
La subdirectora de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia, Silvina Bertelli, -psicóloga y psicoanalista con amplia experiencia en estos temas- advirtió que no existe ninguna manera de distinguir a un abusador a partir de su perfil de personalidad o su conducta social, lo que los torna todavía más peligrosos.
Es decir que, si las dos personas detenidas y liberadas en Santa Fe realmente cometieron los delitos que se les imputa, continúan con sus vidas prácticamente invisibilizadas entre el resto de la comunidad y de sus víctimas potenciales.
"Pueden ser personas reconocidas, profesionales exitosos. Hubo situaciones en las que incluso se trató de pediatras o líderes religiosos. Estas personas circulan en el entorno familiar, social y suelen presentarse como muy afectuosas, humanitarias en el exterior. No existe un perfil de personalidad específica, lo cual torna el problema más complejo", remarcó.
La especialista explicó que un abuso sexual no implica necesariamente contacto físico: "Hay muchos modos de abuso sexual. Filmar a una niña o niño implica un ejercicio desigual. Eso es un abuso sexual. Tanto en el caso de quien genera los contenidos, como el que los distribuye".
A los detenidos en Santa Fe se les imputa integrar una red internacional de difusión de imágenes sexuales infantiles. De hecho, el mismo martes de 7 mayo se realizaron 33 procedimientos similares en Argentina y en otros países, a raíz de una causa iniciada desde el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la participación y acompañamiento investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Consultado por AIRE, el agregado regional -con sede en la Argentina- del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (en inglés: United States Department of Homeland Security), Christian Ammons, afirmó: "Seguramente habrá habido casos de errores, pero en los 20 años que vengo realizando este trabajo, nunca, jamás, he visto que hayan allanado un lugar por error... Cuando se allana un lugar, es porque han habido muchos indicadores de que allí existió tráfico de material de abuso sexual infantil".
"Porque si entra un alerta y observamos que se intercambió una, cinco o diez imágenes; lo más probable es que ese objetivo no sea algo en lo que se trabaje. Nos enfocamos en quienes tienen cien..., mil intercambios de videos o imágenes, que llegan a un nivel mucho más alto que alguien que posiblemente haya intercambiado algo por error", agregó.
Si es como afirma este funcionario de los Estados Unidos, las posibilidades de que dos abusadores de menores estén libres en Santa Fe se acrecientan. Más aún cuando la audiencia en la que se ordenó la libertad de estas personas estuvo plagada de inquietantes contradicciones.
A modo de ejemplo, la jueza que los liberó, Celeste Minniti, afirma que la fiscal Luciana Escobar Cello nunca le informó que uno de los imputados por difundir imágenes sexuales de menores de edad trabajaba, nada menos, que en el Hospital de Niños de Santa Fe.
Otros participantes de la misma audiencia confirmaron a AIRE los dichos de la magistrada, pero en declaraciones periodísticas la fiscal dio otra versión.
¿A la fiscal Escobar Cello no le pareció un dato importante que un imputado de semejante delito trabajara en el Hospital de Niños, teniendo en cuenta que las posibles víctimas de este sospechoso fueron menores de edad?, ¿si no tuvo en cuenta esta información, realmente presentó ante la jueza un caso medianamente sólido desde el punto de vista de las pruebas?
Un dato más: a partir de la última reforma al Código Procesal Penal, la fiscal no tenía la obligación de llevar a los imputados en ese momento, sino que pudo mantenerlos en prisión preventiva durante ocho días, mientras recababa más evidencias.
Pero no lo hizo, actuó con suma premura y avanzó hacia una audiencia que, a la luz de los hechos, tal vez requería más tiempo de preparación.
Resultaría temerario e irresponsable exigir a la Justicia que determine en tan poco tiempo si los sospechosos son culpables, o inocentes.
Sin embargo, debieron pasar 19 días -con la apelación de Escobar Cello de por medio- para que, recién entonces, se designe a un juez que resuelva si los acusados transitan el proceso detenidos, o siguen en libertad como hasta ahora.
Las llamativas contradicciones públicas entre la jueza y la fiscal que intervinieron en la causa, las advertencias de la subdirectora de Niñez de la Defensoría del Pueblo sobre la peligrosidad de los abusadores y la profesionalidad de los organismos internacionales involucrados en la persecución de estas redes; no hacen más que incrementar la preocupación y reforzar la necesidad de que el sistema judicial actúe con sensata premura.
Desde la mirada de sistema de Justicia, seguramente el tiempo transcurrido desde la liberación de estos dos sospechosos puede encuadrarse dentro de los plazos aceptables.
En cambio, para un ciudadano común, ajeno a la lógica y a las prácticas judiciales, la posibilidad de que dos abusadores de menores se encuentren libres resulta, cuanto menos, perturbadora.
La Justicia no debería subestimar esta angustiosa percepción.
Te puede interesar
