La eliminación de los subsidios nacionales al transporte por colectivos de todo el país -con excepción de Capital Federal y Gran Buenos Aires- aceleró los tiempos: las empresas Autobuses Santa Fe, Recreo y Ersa, reclaman al Ministerio de Transporte de la Provincia que acelere la apertura de los procesos preventivos de crisis que presentaron durante las últimas semanas.
Mientras tanto, el intendente Juan Pablo Poletti envió al Concejo municipal un proyecto de ordenanza que declara la emergencia en movilidad que, se descuenta, será aprobado durante la sesión ordinaria de este miércoles.
Tanto el proceso preventivo de crisis, como la emergencia en movilidad, habilitan la posibilidad de modificar los recorridos de las líneas de colectivos para reducir costos en la prestación del servicio.
En el caso de la emergencia que pide el intendente, plantea que el Ejecutivo municipal esté en condiciones de aprobar dichos cambios en los recorridos sin autorización previa del Concejo.
Pero eso no es todo. Además, la emergencia estipula otras medidas tendientes a incrementar la recaudación, como para generar un fondo que se destine al sostenimiento del transporte.
Uno de los mecanismos para obtener mayores recursos pasará por el sistema de estacionamiento medido de la ciudad.
De acuerdo con el proyecto de emergencia, ya no será imprescindible contar con parquímetros cada determinada cantidad de metros en las calles de la ciudad, de manera tal que se extenderá el cobro de estacionamiento mediante dispositivos móviles u otras alternativas. También se pide la actualización de las tarifas por estacionamiento medido.
Otra forma de recaudar más dinero será a partir del aumento en las multas que se cobran desde la Municipalidad. En este sentido, la emergencia plantea que los aumentos tomarán como referencia el costo del litro de nafta súper de las estaciones del Automóvil Club Argentino y que las actualizaciones se realizarán cada dos meses.
Además, a partir de ahora el costo de la multa será el que corresponda al día en que se realice el pago de la sanción, y no el del momento en que se produjo la infracción.
Todas estas son herramientas generadas desde el Ejecutivo municipal con una finalidad específica: reunir fondos que puedan destinarse a subsidiar, aunque sea en parte, el costo del boleto de colectivos urbanos en la ciudad. De esta manera, se busca evitar que el aumento de los costos y la eliminación de los subsidios dispuesta por el gobierno de Javier Milei impacte totalmente en la tarifa.
Colectivos, tarifas y proceso preventivo de crisis
Mientras en la ciudad de Córdoba el boleto ya cuesta 700 pesos y se anuncian nuevos aumentos a partir de la firma del nuevo acuerdo paritario entre las empresas y la UTA, en la ciudad de Rosario el Municipio dio a conocer un estudio que establece que el verdadero costo de la tarifa de colectivos es de 1.300 pesos.
Frente a estos números, se esperan incrementos en el valor del boleto de los colectivos rosarinos para los próximos días, ya que hasta el momento la tarifa en esa ciudad se mantiene en 340 pesos.
Según el gerente de Autobuses Santa Fe -y presidente de Fatap-, Gerardo Ingaramo, la tarifa en la ciudad capital debería oscilar entre los 900 y los 1.100 pesos. El empresario sostuvo que la única manera de reducir estos montos, será con aportes de subsidios municipales o provinciales.
El Gobierno de Santa Fe ya aporta mensualmente subsidios al sistema de colectivos urbanos e interurbanos de la provincia y advirtió en reiteradas oportunidades que no está en condiciones de reemplazar los subsidios eliminados por Nación.
Por ese motivo, el Municipio busca, mediante la declaración de la emergencia en movilidad, alternativas que permitan generar fondos para atemperar los incrementos de costos del boleto en la ciudad capital.
Mientras tanto, esta semana las empresas locales reclamarán formalmente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe la apertura del proceso preventivo de crisis. Esta instancia les permitirá modificar recorridos, suspender hasta el 30% del personal durante 120 días, abonar en partes los salarios y desdoblar horarios de los servicios.
"Es una manera de preservar los puestos de trabajo. Si solo estamos en condiciones de operar con el 50% de las flotas, qué vamos a hacer con el resto de los empleados", se preguntó Ingaramo en el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE.
El empresario advirtió que estas definiciones deben tomarse a lo sumo en una semana, "porque arrancan las clases, porque no tenemos más fondos y porque ya hay que prever el pago de salarios".
"Antes, en las paritarias nos sentábamos con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales y acordábamos un fondo específico para salarios. Esto quedó sin efecto. Se terminaron 16 años de negociaciones paritarias a través de fondos nacionales y provinciales. Ahora será a través de tarifa, como era en el pasado. Arranca una etapa nueva y no vamos a firmar la paritaria si no tenemos los costos previstos", agregó.
El 29 de febrero vence la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la UTA y las empresas. Una vez que venza esta medida, "la UTA no aceptará si no firmamos un acuerdo y habrá problemas. Ayer homologaron el acuerdo paritario en el Amba -donde hay subsidios-. Pero si municipios y provincias no nos dicen cómo incrementar los ingresos, no firmaremos ningún acuerdo", adelantó.
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