Cualquiera podría pensar que instalar este debate a 15 días de una elección en una ciudad conmovida por los índices de violencia actuales, es propia de una especulación electoral. Sin embargo, el que tiró la primera piedra días atrás fue el intendente de la ciudad Pablo Javkin tras el crimen en ocasión de robo del arquitecto Joaquín Pérez en el barrio Arroyito. El domingo 24, por Twitter, reclamó: “Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas (de seguridad)”.
El proyecto de ordenanza ingresado al Concejo prevé la creación de la Policía Municipal de Rosario (PMR), dedicada exclusivamente a la prevención y el cese de delitos en desarrollo. Si bien no establece la cantidad de miembros que tendría, éstos portarán armas de fuego sólo en horario de servicio y estarán organizados en un único escalafón y una carrera profesional que consta de nueve grados diferentes, desde oficial ayudante a comisionado general. También prevé un cupo femenino de 30%.
Los concejales del peronismo entienden que hay un contexto diferente al de 2014 que podría facilitar el debate.
Indica que el intendente es el jefe político de la PMR y que la administración de la fuerza estará a cargo de la administración municipal y no de uniformados. De hecho, insiste en el texto en que las funciones que ejercerán los integrantes de la fuerza es exclusivamente tareas policíacas preventivas, de proximidad y conjuramiento de delitos, por lo tanto le quedan prohibidas labores administrativas ajenas a las actividades policiales propias de la seguridad preventiva local; labores policiales ajenas a la seguridad preventiva local; practicar notificaciones o diligencias judiciales o actividades administrativas del Poder Judicial; cumplir custodias de personas detenidas o diligencias o actividades de tipo penitenciarias.
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El asesinato de Joaquín Pérez en el barrio Arroyito movilizó a la sociedad rosarina.
Según esta iniciativa, la PMR deberá ser creada con personal policial y estructura nueva. Pero no así con el resto de lo necesario para su funcionamiento operativo, por lo menos en un tiempo de transición hasta que la ciudad logre conformar su propia estructura y los recursos económicos necesarios para sostenerla. Por eso establece “el traspaso de patrimonio, bienes, recursos y créditos presupuestarios de las unidades organizativas de la Policía de la Provincia de Santa Fe de acuerdo a convenios específicos que se determinen”.
Sobre este aspecto, la concejala Norma López explicó a AIRE: “Nos parece que lo mejor es que haya personal nuevo, capacitado, altamente profesionalizado, con conocimiento territorial de Rosario, porque sacarle efectivos de la Policía de Santa Fe para ponerlos en el municipio sería la historia de la frazada corta. Por eso decimos que esto hay que verlo en el marco de un plan general de seguridad”.
En cuanto a la delimitación de competencias con la Policía provincial, establece que la seguridad preventiva local será organizada y atendida por la Municipalidad de Rosario, mientras que el Estado provincial “concurre con carácter supletorio”, excepto en aquellos casos en que la PMR “fallase en la ejecución de su misión o en circunstancias excepcionales”.
Para la autora del proyecto “es necesario un acuerdo social, superar los desacuerdos partidarios” que hasta aquí impidieron reformar la Constitución para adaptarla a la reforma de 1994 que estableció la autonomía municipal. A partir de su experiencia, sostiene que “hay que tomar el ejemplo del Movimiento de Mujeres, que situó el tema de la violencia como un eje para las coincidencias y pudimos generar acciones positivas y políticas públicas, con la seguridad no podemos dilatar más”.
“El Frente Progresista nunca accedió a debatir la creación de la policía municipal. La semana pasada, con los niveles de violencia y movilizaciones que se realizaron en reclamo por el asesinato de Joaquín Pérez, el intendente salió a pedir una política municipal que le permitiera conducir, diciendo que estaba atado de pies y manos. En ese marco proponemos esto como una herramienta”, explicó Norma López.
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Los concejales del Frente de Todos ven un escenario más favorable para el tratamiento de este proyecto. En el 2014, el ministro Roberto Sukerman, que en ese momento era concejal, había presentado un proyecto similar que no fue aprobado.
Los concejales del peronismo entienden que hay un contexto diferente al de 2014 que podría facilitar el debate. Afirman que “el intendente Javkin cambió de mirada sobre el tema, porque en 2019, en el debate de candidatos, cuestionó la idea de una policía municipal”. También señala que “el gobernador Perotti dijo que ve oportuno el debate”.
“Está claro que empieza a haber otra mirada y es necesaria, porque la política está en falta con la ciudadanía. Si no tenemos autonomía es porque nunca dirimimos la cuestión partidaria que impidió avanzar, es necesario un acuerdo social, superar los desacuerdos”, resumió López.
La creación de la policía municipal avanza sobre un debate más amplio, que es si las ciudades pueden asumir competencias propias de una autonomía que la Constitución provincial vigente no prevé y tampoco la Legislatura ha consagrado por ley. En el caso de Rosario, ya hay situaciones de esta naturaleza, como es el caso de la prestación de salud pública.
Para tener una fuerza de seguridad propia no alcanza que la ciudad, a través del Concejo, establezca las bases jurídicas e institucionales. Deberá la provincia delegar a la Municipalidad la potestad para que el jefe político de esa policía sea el intendente o la intendenta.
En los considerandos, el proyecto argumenta que ante la falta omisión de reforma de la Constitución provincial y de leyes, “queda por último entonces que los municipios adopten decisiones autonómicas que sean consecuencias de sus facultades de autonormarse y gestionarse sin intromisión del Estado provincial. Este desarrollo ideológico responde a necesidades históricas que deben solucionarse y que la teoría constitucional contemporánea nos habilita”.
Sostiene que “la única manera de que la autonomía municipal no sea una mera declaración de principios abstractos -como suele ser- es que se reconozcan a los municipios, en su condición de estados, las mismas facultades que poseen -cada uno en su esfera- los Estados provinciales y el Estado nacional”, al tiempo que concluye que “la reticencia al reconocimiento de la autonomía no es jurídica, sino política”, en clara referencia a la falta de acuerdos de la política santafesina en los casi 30 años que van desde la reforma nacional de 1994.
Para los concejales del peronismo, aquella reforma sumada a la jurisprudencia de la Corte nacional, hacen que las provincias no pueden retener para sí, en forma monopólica, el ejercicio del poder de policía de seguridad”.
“Sería contradictorio, asimismo, reconocerles por un lado a los municipios el carácter de Estados, y por el otro privarlos de la facultad de crear y organizar su propia policía de seguridad”, concluyen.
