Al momento de la visita, la mujer se encontraba con licencia por maternidad, puesto que está cursando un embarazado. Cabe destacar, que también tienen un hijo en común, con el recluso.
Este hecho generó una reacción inmediata del gobierno provincial, que dispuso controles estrictos sobre los vínculos afectivos y familiares del personal policial y penitenciario.
Como se desató la investigación
El caso comenzó a tomar relevancia tras una balacera ocurrida en septiembre de 2024, en el barrio Tablada, cuando cinco disparos impactaron contra un colectivo de la línea 146. Inicialmente desestimado como un conflicto entre vecinos, la investigación del fiscal Franco Carbone reveló que se trató de una amenaza dirigida a un colectivero, disparada por un menor de 16 años vinculado a la banda narco.
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La pesquisa avanzó al detectar que el hermano del joven tirador mantenía contacto con la agente del 911, quien, desde su lugar de trabajo, según apunta la investigación, pasaba información sobre las cámaras de seguridad, facilitando los movimientos de la organización criminal.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a través de una resolución firmada por el ministro Pablo Cococcioni, ordenó la vigilancia exhaustiva de las relaciones familiares y afectivas de todos los agentes policiales y penitenciarios. Esta medida busca evitar futuros vínculos que comprometan la seguridad institucional.
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