jueves 16 de junio de 2022
Política | Rosario | Justicia federal | Corte Suprema

Un acto que sacudió por primera vez a la Justicia federal de Rosario, que ahora está en el centro de las miradas

Mientras la ciudad de Rosario sufre los embates del narcotráfico, la Justicia federal genera un cuello de botella en las investigaciones por falta de estructura

“El problema está acá”, dice el magistrado y señala hacia un pizarrón que instaló en su despacho donde está dibujado un croquis de la Justicia federal de Rosario. Su dedo índice apunta al cuadro donde está la palabra “fiscales”. El magistrado dice que en Rosario hay una particularidad: “Los dos jueces de Instrucción delegan todas las causas al Ministerio Público. De las tres fiscalías que hay, solo una tiene una funcionaria de Rosario y ninguna es con dedicación exclusiva, es decir, tienen que cumplir funciones en otras jurisdicciones”.

“Esto genera un cuello de botella y las causas no avanzan”, comenta el magistrado, que jamás habló con un periodista en 30 años de carrera, ni siquiera en conversaciones informales, pero esta vez accede porque su poder doméstico dentro del tribunal se vio superado ampliamente por el desembarco de más de cien jueces, cuatro ministros de la Corte Suprema y once consejeros de la Magistratura el jueves en la facultad de Derecho de Rosario, que logró mover, aunque sea por unas horas, el ánimo de la justicia federal de Rosario, atravesada por una crisis que desde dentro nadie quiere ver. Cada funcionario de los tribunales federales de Rosario carga las culpas contra otro. Ninguno ensaya una autocrítica. A la mayoría le causó molestia el desembarco de los jueces de todo el país. Una reunión que se había planeado para apoyar a la justicia federal de Rosario terminó poniendo en cuestionamiento el funcionamiento de ese fuero en la ciudad".

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, hizo un duro diagnóstico de la situación actual.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, hizo un duro diagnóstico de la situación actual.

Este magistrado que tiene su despacho en la calle Oroño y Rioja mostró el diagnóstico para dar sus argumentos de porqué junto con otro colega que estaba en su despacho no irían al acto de la facultad de Derecho. “Ya sabemos lo que pasa. Lo que se necesitan son soluciones”, esgrimió, como por ejemplo, “no hay lugar dónde alojar a los presos ni tobilleras electrónicas”.

La realidad que se vive dentro de los tribunales federales de Rosario parece lejana a la que reina en las calles de Rosario, donde se produjeron en lo que va del año 106 homicidios, en hechos sangrientos que se desprenden de la geografía narco que está en disputa permanente.

El acto del jueves puso a la Justicia federal en el centro de la escena, como nunca antes había ocurrido. Y es probable que esto provoque cambios. También por primera vez no quedó el gobierno provincial y nacional como únicos responsables de los problemas.

El pronóstico de Horacio Rosatti

El diagnóstico que posee el presidente de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti tiene un minucioso nivel de detalle y la decisión política del alto tribunal es que la justicia federal debe mostrar una reacción y un cambio, a pesar de que desde dentro cuesta que algo se mueva. La mirada desde la Corte Suprema es que el problema del narcotráfico es más amplio, que incluso se irradió hacia sectores de poder económico que mueven engranajes claves de la ciudad.

Las causas por narcotráfico crecieron un 16% en los últimos dos años y ya representan el 80% del total, hay un déficit del 50% de personal de las fiscalías, la infraestructura edilicia está en crisis, no hay cárceles federales en Santa Fe y existen solo siete notebooks para los fiscales, mientras el sistema informático requiere modificaciones y el telefónico está obsoleto. En 2018 ingresaron en Rosario 4930 causas por narcocriminalidad y en 2019 esa cifra creció a 5726.

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El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, está en la mira por demoras en el inicio de las investigaciones contra el narco Esteban Alvarado.

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, está en la mira por demoras en el inicio de las investigaciones contra el narco Esteban Alvarado.

Uno de los problemas es que la justicia federal llega tarde. En el Ministerio Público de la Acusación de Rosario se inician y se investigan las causas contra los engranajes del crimen organizado por delitos vinculados a la violencia, bajo la amplia figura de la asociación ilícita, como ocurrió el viernes de la semana pasada con Máximo Cantero, el fundador de la banda de Los Monos, cuyo perfil encarna un récord: nunca fue procesado ni detenido por delitos federales en Rosario. La única condena a seis años de prisión que carga sobre sus espaldas a nivel federal se produjo en 2001, dos años después de ser detenido en Itatí, Corrientes, con 91 kilos de marihuana. En Rosario jamás piso los tribunales federales.

En la causa de Esteban Alvarado ocurrió lo mismo que con la banda de Los Monos. Fue juzgado antes por la justicia provincial que la federal. El rubro al que se dedica Alvarado es al narcotráfico, que es federal. Horas antes de la llegada de los cien jueces federales de todo el país y cuatro ministros de la Corte Suprema de la Nación a Rosario para analizar el problema del narcotráfico, en el Centro de Justicia Penal los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, hicieron un intenso alegado y tocaron el tema ríspido de la justicia federal. Sus críticas apuntaron al juez federal Marcelo Bailaque, titular del juzgado de instrucción Nº4.

El desempeño del juez Bailaque está cuestionado desde hace tiempo, pero en el Consejo de la Magistratura nunca avanzaron las investigaciones. En setiembre de 2020 el entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín lo denunció por mal desempeño de sus funciones cuando subrogaba el juzgado federal de Santa Fe y no autorizó un allanamiento a un grupo narco.

En medio del involucramiento de la Corte Suprema en la problemática narco de Rosario las sospechas sobre el mal desempeño del magistrado, puestas de relieve en uno de los juicios más importantes de los últimos años, amenaza provocar ahora otra mirada sobre los puntos oscuros de las investigaciones judiciales.

Los efectos del juicio contra Alvarado

En el juicio contra Alvarado, que comenzó en febrero pasado, declaró Emiliano Lencina, quien fue jefe de la PSA en Rosario. Este efectivo indicó que desde 2013 esa fuerza investigaba al narco, pero señaló que la causa no avanzaba. Lencina señaló las complicidades que existían con sectores de la Policía de Santa Fe y el entramado que aparecía con Luis Medina, socio de Alvarado, quien fue asesinado a fines de 2013.

“Lencina explicó cómo fueron los capítulos de esta investigación que tenía como referente a Alvarado. Habló de los 14 informes que presentó a la justicia federal. La causa es la 5433/2013. El juez era Marcelo Bailaque”, apuntó Schiappa Pietra.

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El juicio contra Esteban Alvarado revela la trama de complicidades entre los narcos, la policía y otros estamentos del Estado.

El juicio contra Esteban Alvarado revela la trama de complicidades entre los narcos, la policía y otros estamentos del Estado.

Schiappa Pietra y Edery desgranaron que el juez federal Bailaque denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacían sobre los sospechosos. Los fiscales dieron las fechas de esas negativas que se produjeron en 2015. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa porque los sospechosos, dijo Schiappa Pietra, cambian continuamente sus líneas.

El caso Alvarado aportó el “porqué” de una historia que no se explica sólo con el crecimiento de las bandas narcocriminales, como la que lideran el acusado y Los Monos, entre otros, sino que tiene ahora un desarrollo lineal más amplio, en otros ámbitos que no están manchados con sangre, como la política y la justicia. La policía, que es otro factor clave, ya había quedado al descubierto como un articulador del mundo criminal.

El valor de los testimonios que se sucedieron desde mediados de febrero en las audiencias dejaron en el terreno de las versiones, las hipótesis y las notas periodísticas las maniobras que prueban que Alvarado tuvo la protección necesaria para ampliar su negocio con una estrategia de destrucción a sus competidores, con la ayuda de un brazo del Estado, con sectores de la policía y la connivencia de la justicia, donde también comulgaron intereses políticos.

Los mismos fiscales, como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que profundizaron una investigación de juego clandestino que llegó el año pasado hasta las entrañas del poder, con el senador Armando Traferri como referente de un sector que supuestamente operaba para la mafia, fueron los que con la investigación al clan Alvarado se zambulleron en otro capítulo aún más ríspido.

Por primera vez el máximo nivel del Poder Judicial puso el ojo en Rosario. Ahora falta que los cambios se produzcan para que la justicia federal no siga ajena a una realidad que amenaza a toda la población.

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