LEER MÁS ► Escándalo cripto: Milei se desvincula de $LIBRA tras dudas y denuncias de fraude
El artículo 2 de esta norma, sancionada en 1999, establece deberes y prohibiciones para los servidores públicos, entre ellos:
- No recibir beneficios personales indebidos vinculados a sus funciones.
- No utilizar bienes del Estado para promover empresas o productos privados.
- Priorizar el interés público sobre el personal.
- Actuar con honestidad, transparencia y buena fe.
Uno de los puntos clave que señalan los críticos de Milei es el inciso g), que prohíbe expresamente a los funcionarios “usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.
En este marco, distintos legisladores de la oposición, encabezados por el socialista Esteban Paulón, ya anunciaron que impulsarán un juicio político contra Milei en el Congreso, argumentando que el presidente habría incumplido con la normativa. Además, evalúan la posibilidad de una causa judicial en su contra.
La Ley de Ética Pública prevé penas de hasta seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para funcionarios que, por acción directa o a través de terceros, promuevan negocios privados en los que tengan algún interés.
Mientras tanto, Milei desestimó las acusaciones y afirmó que no tuvo participación en el desarrollo del token $LIBRA. “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme informado, decidí no seguir dándole difusión”, escribió en su cuenta de X tras borrar el posteo.
