jueves 13 de enero de 2022
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Procuradores y fiscales generales de todo el país advierten sobre la "grave situación" en el MPA de Santa Fe

Se oponen a que el régimen disciplinario de los fiscales del MPA siga en manos de un poder político. "La situación de fragilidad generada por esta circunstancia limita claramente su funcionamiento y expone una realidad institucional inadmisible", sostienen los procuradores y fiscales generales.

La crisis institucional que atraviesa la provincia de Santa Fe debido a la tensión que existe entre el poder político y el judicial es cada vez más evidente y genera preocupación entre los principales funcionarios judiciales del país.

Este jueves se conoció un duro documento emitido por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe en el que acusa a cierto sector de la política provincial de ser cómplice del senador Armando Traferri, investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al juego clandestino.

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En paralelo, quienes también se refirieron a la situación institucional fueron los Procuradores y los Fiscales generales de todo el país. La manifestación fue originada por reiterados dichos contra el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini por parte de Marcelo Sain, denuncias contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y por la situación por la que atraviesa la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien investiga casos de corrupción del exgobernador, Sergio Urribarri. También se suman dichos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que le pregunten a los procuradores sobre la libertad de presos.

Mediante un comunicado, los Procuradores y Fiscales Generales advirtieron que “el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y al favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas”.

Asimismo, alertaron sobre “la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Provincia de Santa Fe” debido a que el régimen disciplinario de sus integrantes está en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación. “La situación de fragilidad generada por esta circunstancia, limita claramente su funcionamiento y expone una realidad institucional inadmisible”, sostienen.

Los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país señalaron que “resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas” y precisan que “la corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales”.

“La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo ”, resaltan en el comunicado.

En un mensaje dirigido a la política, los integrantes del poder judicial consideran necesario y vital “convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales, trasladando y tergiversando las incumbencias establecidas por la Constitución y las leyes”.

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Por otro lado, según expresaron los fiscales en un comunicado, la ley que le da la facultad a la Legislatura de sancionar a los integrantes del MPA tiene un único objetivo político: “Disciplinar a cualquier fiscal que intente avanzar en investigaciones que puedan incriminar a políticos y poderosos”.

En ese contexto, la Asociación de Fiscales le reprochó al poder político hacer “gala de una enorme capacidad de construcción de consensos. La dirigencia provincial ha logrado el mismo nivel de capacidad de negociar y encolumnarse detrás de un objetivo para asegurar el blindaje del senador Traferri”.