La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, será debatida este viernes en el Senado de la Nación y podría convertirse en ley. El proyecto introduce cambios profundos en el sistema tributario y penal, con el objetivo de simplificar controles y modificar los criterios de evasión fiscal.
La iniciativa contempla reformas al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimientos Fiscales, al Código Civil y Comercial y crea un nuevo esquema de declaración jurada simplificada para determinados contribuyentes.
Ley de Inocencia Fiscal y Senado: los principales cambios
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
Según el Gobierno, quienes ingresen al sistema quedarán “blindados para siempre”, ya que:
No deberán informar variaciones patrimoniales
No se controlarán sus consumos personales
ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados
De esa base imponible se deducirán los consumos, sin importar el crecimiento patrimonial, que no será fiscalizado.
ARCA monotributo 2026
Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado
Cambios en evasión fiscal y sanciones
El proyecto también modifica de forma significativa los montos para configurar delitos tributarios:
Evasión simple: el piso sube de $1.500.000 a $100.000.000
Evasión agravada: pasa de $15 millones a más de $1.000 millones
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
El artículo 39 establece el efecto liberatorio del pago: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en término, no habrá acción penal, salvo que se compruebe omisión de ingresos.
Deudas, extinción de acciones y multas
ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.
Si la denuncia aún no fue presentada, quedará extinguida si se pagan las obligaciones más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de imputación.
Si bien el proyecto avanza hacia un relajamiento de los controles fiscales, también prevé un aumento en las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
La definición final quedará en manos del Senado, que este viernes debatirá una de las reformas fiscales más relevantes del año.
