En el marco de la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares, el debate sumó un nuevo capítulo en el Congreso nacional con la presentación de un proyecto que propone convocar a una consulta popular vinculante, para decidir sobre minería en zonas protegidas.
La iniciativa busca trasladar la decisión final a la ciudadanía mediante un mecanismo previsto en la Constitución Nacional.
Consulta pública por la ley de glaciares: las particularidades del mecanismo propuesto
Según propone el proyecto al que accedió AIRE, se establece la convocatoria a una consulta popular obligatoria para todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral argentino, en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional y la Ley 25.432.
La pregunta es directa y binaria: si se está de acuerdo o no con la realización de proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares. La respuesta deberá expresarse por “SÍ” o “NO”, y el resultado tendrá carácter vinculante, lo que implica que su resultado será de cumplimiento obligatorio para los poderes del Estado.
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La propuesta, presentada por los diputados santafesinos Diego Giuliano, Caren Tepp y Agustín Rossi, junto a otros legisladores de Unión Por la Patria, pone en juego un instrumento de democracia semidirecta que ha sido escasamente utilizado a nivel nacional.
El diseño institucional del proyecto fija que la consulta deberá realizarse dentro de los plazos previstos por la normativa vigente, una vez publicada la ley en el Boletín Oficial. Se trata de una consulta vinculante y obligatoria, lo que implica que no solo convoca a la participación ciudadana, sino que también impone una consecuencia jurídica directa sobre la política pública en discusión.
En los argumentos de la iniciativa, los legisladores aseguran que la convocatoria a una consulta popular "se justifica en el nivel de participación registrado durante el proceso legislativo". De acuerdo al texto, la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares alcanzó una cantidad de inscriptos que proyecta decenas de miles de participantes, lo que, en términos operativos, " implicaría cientos de días de exposición si se intentara garantizar la intervención individual en el formato tradicional".
En ese marco, los autores sostienen que la magnitud de la participación ciudadana excede las herramientas habituales del debate parlamentario y que, por ese motivo, corresponde habilitar el mecanismo de consulta directa previsto en la Constitución Nacional. Asimismo, argumentan que la decisión involucra recursos naturales estratégicos —en particular, el sistema glaciar como reservorio de agua dulce— y que su impacto alcanza a múltiples jurisdicciones, lo que fundamenta la necesidad de ampliar los canales de participación en la definición de la política pública.
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Un debate en curso en el Congreso
En paralelo a la presentación del proyecto, la Cámara de Diputados desarrolla este miércoles la primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con media sanción. El esquema diseñado combina instancias presenciales y virtuales, con la participación de unos 400 oradores distribuidos en dos jornadas.
La Cámara de Diputados desarrolla este miércoles la primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con media sanción.
La magnitud de la convocatoria —con más de 100 mil inscriptos— da cuenta de la intensidad del debate. Sin embargo, la limitación en la cantidad de expositores y asesores por bloque generó severos cuestionamientos por parte de distintos espacios políticos, que reclaman ampliar la participación en una discusión que consideran de alto impacto institucional y territorial.
