Massa pretende que una amplia mayoría de oficialistas y opositores acompañen su primer presupuesto; no solo sería un logro a exhibir ante el FMI sino, sobre todo, una victoria de la que podrá ufanarse frente a sus socios de la coalición gobernante, cada vez más desgastados en su imagen pública por las peleas internas que los enfrentan. Una votación contundente a favor del presupuesto en la Cámara de Diputados –la cámara más hostil al Gobierno– no solo lo fortalecería como ministro y figura del Gobierno: también alimentará su ambición de competir como candidato el año próximo, aunque él públicamente diga lo contrario.
Para lograr ese cometido, Massa debió hacer varias concesiones, sobre todo a la tropa oficialista. Para satisfacer las demandas del kirchnerismo y del sector asociado a los movimientos sociales, reforzó las partidas alimentarias y educativas en poco más de 320.000 millones de pesos. Atendió los reclamos gremiales al incorporar un polémico artículo para que se pague un 15% extra sobre los planes de salud superadores que se contraten a empresas de medicina prepaga y obras sociales. Además, aumentó en $20.000 millones los subsidios al transporte automotor del interior del país, una demanda de los gobernadores peronistas. Por último, incorporó un artículo para que los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, gravamen del que muchos están exentos y que priva al Estado de recaudar unos $237.000 millones. Un tributo a Cristina Kirchner en su abierta pelea con la Justicia y la Corte Suprema.
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El presupuesto 2023 incluye un fuerte ajuste del gasto público en línea con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.
Con estas concesiones Massa logró alinear al bloque oficialista en la Cámara de Diputados, que firmó sin chistar el dictamen el jueves pasado y allanó el camino para que el Senado, donde manda Cristina Kirchner.
Por el lado de la oposición, el ministro se aseguró el apoyo de los bloques aliados. Al Frente Renovador de Misiones le incluyó un artículo para facultar al jefe de Gabinete a construir áreas aduaneras especiales en la provincia. A los cordobeses les garantizó que los subsidios al transporte del interior podrán ser actualizados por la inflación.
El apoyo de Juntos por el Cambio, sin embargo, aún está en duda. Si bien el principal espacio opositor no quiere dejar al Gobierno sin ley de presupuesto el año próximo –para evitar que maneje las partidas de manera discrecional en un año electoral-, hay voces que no quieren entregarle graciosamente un trofeo político al ministro. La Coalición Cívica de Elisa Carrió, por caso, ya dijo que no acompañará el presupuesto; es sabido que Carrió desconfía de Massa. El ministro buscó seducir a los restantes socios opositores con la inclusión de una cláusula, dentro del presupuesto, que le impedirá al Gobierno manejar discrecionalmente los recursos excedentes de la recaudación en caso de que la inflación supere el 60% previsto para el año próximo. Además, accedió a que se puedan deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia. Son dos concesiones que les realizó al bloque de Martín Lousteau en el Congreso, que puja por votar afirmativamente el presupuesto de Massa.
Sin embargo, hay una cuestión clave que no fue saldada: las retenciones al campo. El oficialismo insiste en recuperar las facultades para manejar las alícuotas y, eventualmente, subirlas. Sobre este punto no hay diferencias en Juntos por el Cambio: anticipó que si el Frente de Todos insiste en mantener este artículo en el presupuesto, buscará rechazarlo durante el debate en el recinto.
Las negociaciones continuarán hasta el último minuto de la sesión en la Cámara de Diputados, que se realizará el martes próximo. El juego sigue abierto.
