viernes 26 de noviembre de 2021
Política | Gustavo Ponce Asahad | Rosario |

El exfiscal Ponce Asahad prendió el ventilador y hace crujir a la política santafesina

Mientras sigue en la cárcel, el exfiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, volvió a declarar y esta vez vinculó con posibles hechos delictivos al senador justicialista Armando Traferri, y al exministro de Gobierno, Carlos Carranza, entre otros.

Desde el pasado viernes la política santafesina empezó a crujir. La declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, desesperado por salir de la cárcel en medio de una situación personal acuciante, lo llevó a prender un ventilador que amenaza salpicar e involucrar a sectores del peronismo y la justicia.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, aparece como uno de los ejes de la declaración del fiscal que en la audiencia del viernes pasado fue reimputado como integrante de una asociación ilícita, admitió haber cobrado coimas, y posiblemente cierre en abril próximo un acuerdo de juicio abreviado por tres años de prisión y salga en libertad. Ponce Asahad fue trasladado con mayor custodia para resguardar su seguridad a un establecimiento de una fuerza federal en las afueras de Rosario.

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El nombre del  senador justicialista Armando Traferri aparece en las declaraciones del exfiscal Ponce Asahad.

El nombre del senador justicialista Armando Traferri aparece en las declaraciones del exfiscal Ponce Asahad.

Este domingo el senador Armando Traferri admitió en diálogo con Aire Digital que aún no había llegado a la Cámara alta de forma oficial la declaración de Ponce Asahd. Se excusó de opinar de la situación hasta saber por los canales instituciones de qué se trata.

Su nombre aparece en boca de Ponce Asad varias veces durante la declaración de casi cuatro horas del exfiscal, que habría acusado al senador de ser uno de los organizadores de la estructura ilegal, que gestionó los contactos entre el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti y el exfiscal regional Patricio Serjal.

“Acá hay gente que no está nombrada de la llamada pata política”, afirmó Ponce Asahd. “No es eludir mi responsabilidades, pero tengan en cuenta lo que les digo: yo fui abusado en mi confianza y en mi buena fe”, dijo quebrado en la audiencia, en la que contó cómo fue la relación con el otro detenido Patricio Serjal en la cárcel de Piñero, donde estaban alojados en el sector destinado para los enfermos de covid. El exfiscal regional le dijo a Ponce cuando los trasladaron a otro sector que había “micrófonos para escucharlos”.

La declaración como arrepentido del empresario –que nunca estuvo en la cárcel- derivó en las detenciones de Ponce Asahad el 5 de agosto pasado y seis días después de Serjal, a quienes pagaba 5.000 dólares por mes para que custodiaran desde el Ministerio Público de la Acusación que no hubiera investigaciones sobre los casinos clandestinos en el sur de Santa Fe.

El nombre de un senador que sigue sonando

El nombre de Traferri había sido mencionado en la primera audiencia imputativa del 5 de agosto. En la investigación que llevaron adelante los fiscales Matías Edery y Luis Shiappa Pietra apareció en uno de los teléfonos que usaba la secretaria de Peiti un llamado que había realizado el exdiputado Darío Scataglini, quien un día después de que se revelara esta llamada fue apartado de la Legislatura, donde trabajaba con el legislador y presidente del PJ, Ricardo Olivera. Scataglini llamó a la secretaria el 10 de julio pasado a las 20.41. “Necesitaría hablar con Leo”, le dijo a la mujer y luego agregó: “Llamo de parte de Traferri”.

En su declaración del viernes pasado, Ponce Asahad reveló que las fechas y los lugares en los que se habrían producido los encuentros con el senador provincial, entre ellos una reunión en 2017 en Montevideo al 1900 de Rosario, la sede donde funcionaba el MPA antes de ser trasladado al Centro de Justicia Penal. Va a ser complicado para los investigadores reconstruir que ese encuentro tan alejado en el tiempo en una sede oficial fue para abrochar un plan de sobornos.

“La vinculación de Peiti con el MPA se produce a través de Traferri con Serjal en una reunión que mantuvieron en la oficina de calle Montevideo. En la sede de la regional, en la parte delantera. Porqué puedo aseverar eso. Me saludó Traferri cuando bajó y me saludó. Me pidió mi teléfono y me hizo una llamada perdida para que quedara registrado. Serjal me dijo que era por una causa relacionada por Peiti. Por el padre y el hermano que era en otra jurisdicción. Era por la restitución que creo que era de una camioneta”, declaró.

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Ponce Asahad está convencido de que le tendieron una trampa cuando lo filmaron en un estacionamiento de Rosario.

Ponce Asahad está convencido de que le tendieron una trampa cuando lo filmaron en un estacionamiento de Rosario.

Pero hay otros. El exfiscal cree que el abogado de Peiti, Luis Rossini, y Traferri le tendieron una trampa y que su cabeza serviría para beneficiar al empresario del juego. Esa cama se la habrían tendido, según el exfuncionario judicial, cuando quedó registrado por las cámaras de una playa de estacionamiento en Pichincha de un encuentro con Rossini para arreglar la entrega del dinero. Pero Ponce Asahad contó un nuevo capítulo que ahora se verificará si es cierto, que luego de ese encuentro en medio de las penumbras minutos después llamó a Traferri con quien se habría reunido al otro día en el club Sirio Libanés, que fue allanado el 18 de noviembre pasado.

“Cinco o seis sobres que recibí fueron por el abogado Aníbal Porri. Hubo un ofrecimiento de 40.000 dólares, que es lo del video de la cochera que eso fue una emboscada”, dijo que esa entrega no se concretó.

Peiti no es una pyme, sino un emporio. Un pulpo que tiene tentáculos por todos lados. Tiene mano de obra desocupada de la policía”, afirmó Ponce.

Otros miembros de la Justicia y del gobierno

No sólo Traferri aparece mencionado en la declaración del exfiscal, sino también otros miembros de la justicia provincial y federal y también funcionarios del gobierno. Todos los que aparecen nombrados pertenecen o están cercanos al sector político que encabeza Traferri. Ponce Asahad mencionó además cómo funcionaba esa supuesta red de complicidad ligada a la política, cuando describió una situación nunca aclarada del todo que se produjo en noviembre de 2018 durante un allanamiento –que se originó por la declaración de un supuesto narco arrepentido ligado a Esteban Alvarado- a una casa en la isla que usaba la vicegobernadora Alejandra Rodenas y su pareja el ministro de Cultura, Jorge Llonch, como residencia de fin de semana. Ponce Asahad dijo que se excluyeron elementos en el acta de allanamiento por pedido que el senador de San Lorenzo le hizo a Serjal.

Una situación nunca aclarada del todo que se produjo en noviembre de 2018 durante un allanamiento a una casa en la isla que usaba la vicegobernadora Alejandra Rodenas y su pareja el ministro de Cultura, Jorge Llonch, como residencia de fin de semana.

El nombre de la vicegobernadora había aparecido en otra audiencia contra Alvarado, acusado del homicidios del prestamista Lucio Maldonado y asociación ilícita y lavado de activos, y contra tres jefes policiales que presuntamente trabajaban para él. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra revelaron dos escuchas telefónicas, en las que el acusado le ordenaba a su abogado Claudio Tavella, quien fue condenado la semana pasada en un juicio abreviado y recuperó su libertad, que "me de una mano (Alejandra) Rodenas".

Otro nombre que aparece mencionado por Ponce Asahad en su declaración es el del ex ministro de Gobierno, Carlos Carranza. La acusación del exfiscal es fuerte porque señala que este exfuncionario habría recibido un tercer auto Toyota. Dos recibió Serjal y uno este abogado, según el detenido.

Fue el primer caso que puso en la mira de la Legislatura a Serjal, sospechado de archivar una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.

Otro nombre que aparece mencionado por Ponce Asahad en su declaración es el del ex ministro de Gobierno, Carlos Carranza.

La raíz de la sospecha es una causa judicial por delitos económicos que fue iniciada por Omar Santero, de carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, que comercializa la marca Toyota. La causa fue favorable a González por una resolución con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto y fue después confirmada por Serjal.

Un mes después de esta decisión, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en Auto Rosario. Según Ponce Asahad un tercero habría ido a parar a este abogado que pasó por el Ejecutivo durante la gestión de Carlos Reutemann.

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