Erbetta es el único penalista entre los seis ministros, no le esquivó el bulto a las dificultades que enfrenta el sistema penal para abordar esa realidad e hizo algunos señalamientos que alcanzan a los jueces de ese fuero, al tiempo que defendió el sistema procesal acusatorio, y llamó a no permitir retrocesos.
El presidente de la Corte santafesina destacó la labor de los y las fiscales de la unidad de investigación de criminalidad organizada y delitos complejos, pero enfocó en la desigualdad social como la madre de la violencia y dónde hay que trabajar. Entre los asistentes lo escuchaban los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al igual que el senador Armando Traferri –a quien buscan imputar en el marco de la causa por juego ilegal–, que permaneció inmutable.
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En su discurso, Erbetta destacó la labor de los y las fiscales de la unidad de investigación de criminalidad organizada.
“La solución punitiva colmó nuestras cárceles con el 90% de jóvenes de entre 18 y 30 años y el problema es cada vez mayor y más complejo”, con el agravante de que “generó otro problema con la seguridad carcelaria”, sostuvo Erbetta.
Dijo también que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco. El problema de Rosario, en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales”.
Ante la presencia del resto de los ministros y el procurador de la Corte, legisladores provinciales y nacionales, los intendentes de Rosario y Santa Fe y la ausencia con aviso del gobernador Omar Perotti (de viaje en Buenos Aires), Erbetta retrucó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sin mencionarlo: “No hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad”.
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Los ministros y el procurador de la Corte de Santa Fe, en la apertura del año judicial.
También dedicó pasajes muy críticos a la justicia federal, a su demora en implementar el sistema acusatorio y a la necesidad de reformas en el diseño de su estructura. Hubo un explícito cuestionamiento al Consejo de la Magistratura nacional, a la composición de la Corte nacional, que “es la más reducida de los países occidentales y la más chica de todo el país”, y una elíptica crítica al comportamiento falto de ética de funcionarios judiciales que participaron de los viajes organizados por empresarios a la zona de Lago Escondido.
A continuación, las principales definiciones del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe:
- “Es necesario un abordaje integral que compromete políticas primarias tendientes a reducir al extremo las desigualdades sociales y políticas de seguridad que permitan un abordaje multiagencial en el territorio con fuerte presencia estatal en todos los niveles del estado nacional, provincial y municipal y finalmente estrategias de intervención punitiva que comprometen a los tres principales actores de política criminal, la Agencia Policial, el Ministerio Público de la Acusación y el Sistema Penitenciario”.
- “La solución punitiva ya ha colmado nuestras cárceles en un 90% con jóvenes y adultos de entre 18 y 30 años, generado hacinamiento y sobrepoblación carcelaria por encima de los estándares internacionales y con responsabilidad internacional del estado y, paradojalmente, la conflictividad es cada vez mayor y más compleja. Como si fuera poco, este crecimiento exponencial de la tasa de encierro ha generado otro problema para la seguridad, precisamente, en el gobierno de la cárcel y en la protección de los derechos”.
- “Tenemos un escenario de bandas criminales polirrubros, que aprovechan su expertise en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones de nuestros fiscales”.
- “La reforma procesal penal (implementada en 2014) debe evitar ser neutralizada por decisiones contrarreformistas, por distorsiones operativas y malas prácticas de los operadores; debe corregir muchos déficits y al mismo tiempo garantizar la plena autonomía de un actor político criminal clave, como es el MPA y a la par el SPPD”.
- Tras elogiar el nuevo sistema procesal: “¿Hay problemas? Sí y muchos, no por el modelo sino por las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación. ¿Hay asimetrías? Sí, porque Santa Fe es una provincia extensa con particularidades disímiles, aunque Rosario concentra el sesenta por ciento de los casos de la provincia y tiene un promedio de setenta audiencias orales por día, en horarios matutinos y vespertinos y en días inhábiles”.
- En un hecho poco frecuente, el presidente de la Corte elogió la labor de la Fiscalía: “Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces, me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”. En Rosario, esa unidad fiscal la integran, entre otros los fiscales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que estaban presentes y que han trabajo investigaciones y juicios complejos en los que lograron altas condenas para jefes de las bandas de Los Monos y Alvarado, pero también intervienen en la investigación por juego clandestino, y son los que litigan ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional la inmunidad parlamentaria que les impide imputar al senador Armando Traferri. Traferri escuchó inmutable desde la tercera fila cómo el presidente de la Corte elogiaba la labor de los fiscales que lo acusan.
- Pidió la reforma de la Justicia Federal, implementación del sistema acusatorio y del Ministerio Público Fiscal: “Es insostenible mantener la estructura de fiscales de la investigación, fiscales de juicio y fiscales de revisión. Es necesario recuperarlo como actor político criminal central para el diseño de una política de persecución penal estratégica y dotarlo de capacidad investigativa con recursos humanos y tecnológicos”. Además de “legitimarse el cargo de procurador”, que hace años es interino.
- Fue muy crítico con el Consejo de la Magistratura, “cuyo nivel de ineficiencia no puede naturalizarse sin daño irreparable al sistema republicano. No podemos aceptar la inactividad continua de la CM y menos aún naturalizar la metafísica del juez subrogante o del juez trasladado o la generalización del modelo de subrogancias”.
- Con respecto al fuero civil y comercial, insistió en avanzar hacia un sistema oral y público: “Con papel o PDF los sistemas de Justicia civil –en general– son Disneylandia de los trámites y necesitan una profunda transformación: flexibilizar sus estructuras, modificar sus procesos de gestión, cambiar los modos de litigar, transparentar y dar publicidad a sus actos”.
- “Nosotros hemos comenzado con la prueba piloto en oralidad; debemos avanzar en esos otros tópicos y discutir la reforma procesal civil para contar con herramientas que faciliten esos cambios. Lamentablemente, ni la política, ni el judicial, ni la academia, han reparado en el impacto que la dimensión organizacional, los procesos de gestión y hasta los modos de litigación tienen en la reconstrucción del sentido de las normas y en los modos de intervención en los conflictos”.
