Un día después del llamativo procedimiento policial que terminó con el jefe de la barra de Colón, Orlando “Nano” Leiva, demorado y trasladado a una Comisaría, junto a otros cuatro hinchas del club, la Justicia provincial no encontró elementos que permitan sospechar sobre posibles aprietes a jugadores y miembros del cuerpo técnico.
El suceso fue puesto en conocimiento de la opinión pública cerca de la 18 cuando el Ministerio de Seguridad informó, mediante escueto un comunicado de prensa, que fueron “demorados cinco barras de Colón por extorsionar a los jugadores y cuerpo técnico” en el predio del club ubicado a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, en la zona de countrys de Santo Tomé.
En ese parte, la cartera de Seguridad indicó además que el propio subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, había realizado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por supuestos amedrentamientos a miembros del plantel de la entidad sabalera.
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La novedad rápidamente cobró un alto voltaje mediático por lo que Llumá explicó en AIRE que los hostigamientos habían ocurrido un día antes por lo que decidió presentar la denuncia y además ordenar patrullajes preventivos. "Nuestra intervención es preventiva: no vamos a esperar que las situaciones escalen”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, todo lo que explicó Llumá parece no haberse contrastado con lo que realmente sucedió en torno al procedimiento policial que efectuó el personal del Comando Radioeléctrico y que concluyó en la Subcomisaria 15 santotomesina.
Es que la denuncia que presentó el funcionario por supuestos “hostigamientos”, la realizó el martes de manera on line por la web del Ministerio Público de la Acusación y sin dar nombres. Lo que comúnmente se denomina en el ámbito judicial como una “denuncia NN”. Y además, según indicaron fuentes judiciales, la misma fue remitida a la ciudad de Rosario, por lo que nunca llegó a la Fiscalía de Santa Fe.
En este sentido, desde la Justicia local remarcaron que cuando una denuncia entra al sistema sin dar nombres precisos no obtiene un carácter de urgencia, ya que, si así lo fuere, la denuncia debería ser radicada en una Comisaría o un Centro Territorial de Denuncias.
En cuanto al traslado de Leiva y los otros cuatro hombres (uno de ellos menor de edad) se dio justamente cuando se encontraban en la zona del predio sin realizar ningún tipo de disturbios. Inclusive, los partes policiales remarcaron que los hinchas estaban de manera “pacífica” y con sus respectivos documentos.
De igual manera, fueron llevados a la dependencia policial en donde se le tomaron los datos y se cotejó si tenían antecedentes. Tal situación fue informada al defensor en turno del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Sebastián Moleón, quien se anotició del procedimiento. No obstante, los agentes encargados de realizar el procedimiento intentaron comunicarse con la fiscal en turno, Laura Urquiza, pero no lograron entablar comunicación, ya que la misma se encontraba en una audiencia en Tribunales y no podía suspender el acto procesal que estaba en curso. Lo mismo que podría haber sucedido si la situación se daba a la inversa. Es decir, si el defensor Moleón se encontraba en una audiencia, los uniformados tampoco podrían haber entablado contacto con el abogado oficial. En efecto, hubieran tenido que continuar con los llamados para entablar comunicación.
Como la fiscal no pudo atender en ese entonces, los uniformados debieron otorgar la libertad, ya que sobre los cuatro hombres no pesaba ninguna orden de detención, tampoco habían ocasionado un disturbio y además se encontraban de manera pacífica en el lugar. De hecho, así lo consideró el defensor, que, si bien no tiene facultad para resolver tal situación, puso de manifiesto que no tenía sentido que los sindicados barras sigan en la dependencia policial.
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