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Policiales estafas | Ciudad de Santa Fe |

"Soy una víctima del sistema monetario argentino", sostuvo el vendedor de viviendas prefabricadas detenido por estafas

Eduardo Schlishting quedó en prisión preventiva este miércoles, imputado como jefe de una asociación ilícita que cometía estafas a través de la venta de viviendas prefabricadas; declaró y sostuvo que su intención es resarcir a los damnificados.

El fiscal Ignacio Lascurain investiga una serie de denuncias por estafas que tienen bajo la lupa al titular de la empresa santafesina VSF Construcciones, identificado como Eduardo Ignacio Schlishting. El sospechoso fue imputado este miércoles en una audiencia realizada en la sala 6 de los tribunales santafesinos.

Los hechos imputados fueron leídos por la jueza Susana Luna, que presidió la audiencia. Schlishting fue asistido por el abogado defensor particular Héctor Acuña, quien consintió la prisión preventiva en miras de buscar una solución junto a la Fiscalía.

Antes del inicio de la audiencia declararon cuatro de los damnificados, quienes dieron detalles de cómo se vieron perjudicados por Schlishting: todos abonaron la totalidad del contrato, y “no puso ni un ladrillo”; la explicación que les brindaba el imputado es que por la devaluación de la moneda y el aumento de los precios debían celebrar un nuevo contrato.

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El fiscal Ignacio Lascurain investiga las estafas perpetradas

El fiscal Ignacio Lascurain investiga las estafas perpetradas

Estafas

Schlishting fue imputado como jefe de asociación ilícita y nueve hechos de estafas reiteradas; los hechos endilgados ocurrieron entre enero de 2018 y noviembre de 2019, y son todos similares: la empresa celebraba contratos de construcción de viviendas en terrenos que los clientes ya poseían, y una vez que colocaban la platea (la base sobre la que se iba a edificar la vivienda) no había más avances en la obra.

Cuando los clientes llamaban para reclamar, desde la empresa alegaban a encarecimiento de costos en los materiales de construcción y la devaluación de la moneda, y reclamaban celebrar un nuevo contrato por un nuevo monto. Muchos de los damnificados habían abonado la totalidad del contrato, y entregado automóviles como parte de pago.

Una de las damnificadas explicó en su declaración, previo a la audiencia que cuando recurrió a reclamar a la Defensoría del Pueblo se enteró de que había nueve denuncias más, y que cuando habían convocado a las partes a una audiencia de mediación, desde la empresa no había asistido nadie.

El imputado manifestó que su negocio se vio perjudicado por la devaluación, ya que celebrara los contratos en pesos: “si los hubiera hecho en dólares esto no me pasaba”, y que desde 2019 no tuvo más inconvenientes: “tengo 300 viviendas entregadas”. Finalmente, sostuvo que la intención es poder resarcir a todos los damnificados.