A casi una semana del robo al Pago Fácil de 25 de Mayo y La Rioja de la ciudad de Santa Fe, la investigación permanece estancada y aún se desconoce quién quedará a cargo de la causa para esclarecer el asalto que terminó con el dueño del local con dos balazos en su pierna derecha.
Inicialmente, el caso fue asignado al fiscal de homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, que como primera medida ordenó examinar las instalaciones del local con peritos de la Agencia de Investigación Criminal.
Sin embargo, 30 horas después de ocurrir el caso y ante el hallazgo de 42 millones de pesos y 27.620 reales -ya que en el comercio circulan grandes flujos divisas- el fiscal declinó su competencia y envió la causa, incluido el robo, a la Justicia federal ante la sospecha del funcionamiento de una "cueva financiera".
Tal planteo fue porque la mayor parte del dinero se encontraba en una caja fuerte cuya apertura no habría contado con la intervención de la empresa de caudales (Brinks) que periódicamente retira los billetes del local en donde se cobran impuestos y funciona una boca de expendio de la empresa Western Union que permite el envío de moneda extranjera al exterior.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°2 de Santa Fe -a cargo de Aurelio Cuello Murúa- y luego revisadas por el fiscal federal Walter Rodríguez que, tras analizar el planteo de su par provincial, rechazó intervenir en el caso al considerar que la declaración de incompetencia fue prematura y por la ausencia de elementos probatorios y fundamentos válidos.
“No aparece expresada ni una sola indicación acerca de los motivos por los cuales los integrantes de la Justicia provincial podrían alegar que el dinero hallado fue objeto de alguna intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin la autorización concedida por la autoridad de aplicación”, destacó Rodríguez en un dictamen en donde solicitó al juez devolver las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal comparó además lo ocurrido con la cueva financiera que fue hallada en un allanamiento de la Justicia provincial en un departamento de la zona del Puerto, el pasado 12 de septiembre, y en donde el fiscal del MPA, en ese entonces Arturo Haidar, le dio rápida intervención a la Justicia federal.
Contrapuesto a ello, en el caso del robo al Pago Fácil, la policía recién informó el hallazgo de los 42 millones de pesos y 27 mil reales 30 horas después.
“La declinatoria objeto de análisis se encuentra desprovista de todo argumento razonable y sin el aval de una sola medida probatoria que la sustente como acto válido apoyado en circunstancias objetivas de la investigación”, sostuvo el fiscal. Y además cuestionó el “raudo desprendimiento del caso” que tuvo Marchi pese a que ni siquiera detectó algún rasgo típico del delito de lavado de activos y menos aún el ilícito precedente que podría haberlo permitido.
El planteo fue aceptado por el juez Cuello Murúa por lo que la causa volverá a la Justicia provincial. La resolución, inclusive, sostuvo que en caso de que el fiscal Marchi rechace nuevamente intervenir en el hecho sea un tribunal Superior común, es decir la Corte Suprema de la Nación, quien termine de zanjar el conflicto entre las dos jurisdicciones judiciales.
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El robo sucedió el 1 de noviembre, cuando pasadas las 9 de la mañana, cuatro ladrones a bordo de dos motos tipo enduro y una tornado -tres con sus rostros tapados y uno a cara descubierta- ingresaron y con armas en mano tomaron por asalto el lugar. Uno de los empleados recibió un culatazo en su cabeza, mientras que el propietario, que se encontraba en el sector de cobro de impuestos, recibió dos disparos en su pierna derecha.
Los delincuentes se alzaron de algunas pertenencias y al verse frustrada la posibilidad de poder abrir las cajas fuertes del establecimiento decidieron retirarse y solo llevarse el dinero que había en la zona del kiosco.
Dicho comercio permanece cerrado desde el día del asalto y con un patrullero de la Policía de Santa Fe que custodia su ingreso durante las 24 horas, situación que implica un móvil menos en la prevención de la capital provincial.
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