Castellano se desempeña como fiscal desde la puesta en funcionamiento del actual sistema acusatorio, en 2014.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Un tribunal disciplinario, conformado por fiscales, abogados y legisladores provinciales, resolvió suspender de su cargo al fiscal de la ciudad de Rafaela, Martín Castellano, por no haber actuado con celeridad en una causa que investigó al capitalista del juego clandestino, David Perona, señalado como el rey de los casinos ilegales.
El fallo fue luego de un juicio disciplinario que se realizó en tribunales el martes pasado y el cual fue encabezado por el fiscal general Jorge Baclini (quien lo presidió), el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, la diputada Lionella Cattalini, el senador Alcides Calvo y el abogado Carlos Gustavo Ensinck, perteneciente al Colegio de Abogados de Rosario.
La resolución, cuyos fundamentos aún no fueron emitidos, ordenó que el fiscal sea suspendido por 30 días sin goce de sueldo, un monto inferior al que pidió la auditora ante el Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, que en su alegato requirió dos meses de suspensión del cargo.
El tribunal a su vez rechazó el planteo absolutorio que efectuó la defensa de Castellano, a cargo del penalista Ignacio Alfonso Garrone, que durante el juicio disciplinario cuestionó, entre varios aspectos, que la acusación no fue bajo ningún marco técnico de cuando hay que allanar, ya que ni el Código Procesal ni tampoco alguna resolución interna del MPA indican cuando se debe realizar un allanamiento en el marco de una investigación penal preparatoria.
La medida dictada por los miembros del tribunal será ejecutada una vez que los fundamentos sean comunicados a las partes. De igual manera, el fallo puede ser apelado ante un Juzgado Contencioso Administrativo, como así también ante las instancias superiores.
El juicio disciplinario contra Castellano fue impulsado por la auditora Vranicich que le reprochó tardar tres años en desbaratar a la banda que lideraba Perona y que explotaba juegos al azar de manera clandestina, pese a que, desde el inicio de la investigación, en 2017, ya contaba con la información necesaria para dar el quiebre de la organización.
“Fue un observador privilegiado de una organización criminal”, le llegó a recriminar la auditora a Castellano tras sostener que tardó 38 meses en realizar los allanamientos que justamente se libraron días después de que la Justicia de Rosario allanó en Rafaela tras la caída del otro capitalista del juego, Leonardo Peiti.
La investigación en cuestión fue de oficio y surgió a partir de una publicación en el diario La Opinión en el cual una mujer denunció la presencia de casinos ilegales que se montaban en Rafaela y la región. El caso fue asignado al fiscal Castellano el 7 de julio del 2017 por lo que delegó la pesquisa al área de inteligencia de Gendarmería Nacional para que establezca cómo funcionaba la estructura criminal que operaba en el departamento Castellanos y otras localidades del centro norte provincial.
Con el paso de los meses la fuerza federal le envió al fiscal un cuadro sinóptico en donde se detalló cómo era la estructura que tenía como cabecilla a Perona, basándose en la información suministrada por un “informante” y mediante la interceptación de 28 líneas telefónicas. Sin embargo, el fiscal prefirió demorar los allanamientos tras sospechar que había filtraciones de parte de la fuerza a la organización.
De hecho, un año después del inicio de la investigación, el propio Perona se hizo presente el 14 de agosto del 2018 en la Fiscalía de Rafaela, junto a un abogado, y solicitó una explicación, ya que había tomado conocimiento que era el blanco de una investigación. Esa presencia fue el puntapié para que la causa cambie de fuerza policial y además se inicie un nuevo legajo judicial (expediente).
Castellano delegó posteriormente el caso a los agentes de la Policía Federal que tras una serie de trabajos de campo y relevamiento de redes sociales y organismos oficiales establecieron nuevamente cómo era el engranaje criminal que conducía y lideraba Perona en el departamento Castellanos. Finalmente, el desbarate de la banda se dio el 7 de agosto del 2020, pandemia de por medio, cuando se libraron 39 allanamientos que terminaron la detención de 14 personas entre ellos Perona. Tales procedimientos, se dieron casualmente cuatro días después de que la Justicia de Rosario también allanó en Rafaela tras la caída del financista Leonardo Peiti en la causa que terminó con el exfiscal regional, Patricio Serjal, y su subordinado Gustavo Ponce Asahad, detenidos por recibir coimas para no investigar el juego clandestino.
El desempeño de Castellano en la causa quedó inicialmente bajo la lupa de seis senadores, entre ellos Armando Traferri, que denunciaron ante la comisión bicameral de Acuerdos para que se investigara porqué el fiscal no avanzó a tiempo contra el capitalista del juego Perona. Sin embargo, el proceso disciplinario fue abordado por la Auditoría de Gestión del MPA que tras una investigación solicitó que el funcionario de la Fiscalía Regional 5 sea sometido a un juicio, el cual se concretó el pasado martes en la sala 5 de tribunales de Santa Fe.
Durante el debate pasaron 7 testigos que tuvieron intervención en las investigaciones contra Perona. Por ejemplo, el sargento de Gendarmería Walter Meza, que estuvo a cargo de la primera investigación, como también los agentes de la Policía Federal Kevin Palma y Eduardo Quiróz. En tanto, prestaron su testimonio una policía del Organismo de Investigaciones y dos empleados de la Sección Criminalidad Económica y Compleja en donde se tramitó la causa.
En el juicio salió a la luz que Perona, una vez detenido y que declaró como “imputado colaborador”, confesó que abonaba coimas a policías de la Unidad Regional V para continuar con el negocio de la sala de juegos clandestinas. Inclusive, contó que recibió mensajes de supuestos gendarmes que le pedían dinero a cambio de brindarle información de la investigación.
Al final el debate la auditoria Vranicich solicitó la suspensión de 60 días sin goce de sueldo para Castellano tras considerar que el funcionario judicial tardó tres años en avanzar con la pesquisa contra Perona pese a que en 2017 tenía la información necesaria para imputar al capitalista del juego, como así también a los miembros de la organización. “Durante más de 3 años omitió avanzar de manera contundente”, dijo. “Lo que se imputó en 2020 ya estaba advertido en 2017”, acotó.
Vranicich apuntó además que en los 38 meses que llevó la investigación el “Estado intervino varias líneas telefónicas sin ninguna respuesta”. Por esa razón, acusó al fiscal de haber realizado un desempeño que no fue “eficiente” y que implicó un perjuicio en la administración de justicia al no desbaratar la organización.
Por su parte, desde la defensa de Castellano, el abogado Alfonso Garrone apuntó que los cargos de la auditoria fueron sin ningún marco técnico debido a que ni el Código Procesal ni alguna resolución interna del MPA contemplan cuando es oportuno para un fiscal concretar un allanamiento.
El letrado remarcó además que por la causa y la cautela que tuvo su cliente la investigación logró con éxito la detención de 14 personas, el descabezamiento de una cúpula policial y hasta comprobar el nexo que había con otras estructuras criminales que operaban en Rosario.
“Si el fiscal allanaba en los tres momentos de inflexión, con la complicidad policial que existía, iba a encontrar negocios cerrados, ausencia de Perona y compañía, jugadores, menores elementos para un estándar de probabilidad”, sostuvo el abogado.
“El tiempo oportuno para realizar medidas, como detenciones o allanamientos, no puede ser analizado ex post, sino al momento en que el fiscal de una Unidad de Criminalidad compleja toma decisiones”, agregó en otro tramo de su alegato Alfonso Garrone.
Un día después el tribunal resolvió suspender a Castellano por 30 días, mediante una resolución que aún no está firme por lo que el caso puede tener nuevos capítulos en la Justicia Contencioso Administrativo.
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