La resolución se dio a través de una “suspensión de juicio a prueba”, una figura que permite evitar el juicio oral si el imputado accede a reparar el daño causado. En este caso, Edgardo U. y Marcela G., responsables de una “cueva” en calle Cabral al 400, acordaron una donación con fines sociales.
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Financiera ilegal y causa federal
Según detallaron los fiscales federales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, la pareja realizaba compraventa de divisas sin autorización del Banco Central (BCRA), infringiendo la Ley de Entidades Financieras. Tras una serie de allanamientos y peritajes, se comprobó la actividad ilegal.
En paralelo, el local había sido escenario de un violento asalto en junio de 2024, donde los propietarios fueron golpeados y amenazados a punta de pistola. La Justicia provincial intervino en esa causa, logrando la detención y condena de los delincuentes involucrados.
$30 millones en equipamiento médico para el sistema de salud
Como parte del acuerdo judicial, cada imputado deberá aportar $15 millones en insumos médicos. La lista incluye electrocardiógrafos, desfibriladores y balanzas pediátricas, que serán destinados al sistema de salud municipal en el plazo de 30 días.
“La idea es que el dinero tenga un fin público y sirva a la comunidad”, explicó la fiscal Ghiorzi. El acta fue homologada por el Juzgado Federal, formalizando la entrega como reparación integral.
El robo que expuso la “cueva”
El 27 de junio de 2024, cuatro delincuentes ingresaron al domicilio haciéndose pasar por clientes. Tras reducir a los dueños con violencia extrema, se llevaron $3,5 millones y 3.500 dólares, además de teléfonos. La víctima masculina fue golpeada con la culata de un arma e intentaron asfixiarlo, mientras que la mujer fue obligada a entregar el dinero a punta de pistola.
Los asaltantes fueron capturados horas después en ruta nacional 33, cerca de Villada, gracias a un operativo cerrojo.
