Los cuatro acusados eran encargados en la estación de servicio de Luján y Richieri en Santo Tomé y fueron despedidos en 2017
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El juez Gabriel Candioti deberá decidir si cuatro exencargados de una Estación de Servicio de Santo Tomé desplegaron una maniobra de estafas durante tres años que perjudicó económicamente a la empresa por casi dos millones de pesos. Los abogados defensores sostienen que la denuncia fue una ardid extorsivo de los empleadores para evitar pagar la indemnización por despidos.
Las fiscales de Delitos Complejos, Laura Urquiza y Mariela Jimenez, y los abogados querellantes que representan a la empresa, Eduardo Jauchen e Ignacio Alfonso Garrone, acusaron a los cuatro hombres como autores de estafas y falsificación de documento privado y solicitaron que tres de ellos sean condenados a penas de 3 años y 6 meses de prisión, y el restante a 4 años.
En los alegatos de apertura la Fiscalía y la querella sostuvieron que los cuatro hombres cometieron los delitos entre agosto de 2014 y enero de 2017 en la estación de servicio ubicada en la intersección de Avenida Luján y Richieri, en Santo Tomé. Cada uno de los acusados tenía a su cargo un turno de trabajo en la empresa, y en su rol de encargados tenían acceso a través de una clave personal al sistema informático utilizado para llevar el registro del expendio de combustibles.
Según detallaron las fiscales, los encargados adulteraron la planilla de caja del sistema informático para que la misma reflejara menor cantidad de combustible expendido en cada turno a fin de entregar o rendir menos dinero al empleado a cargo de la caja, con el fin de apropiarse de la diferencia.
A su turno, los querellantes sostuvieron que los acusados “llevaron adelante una maniobra compleja, silenciosa y artera, realizada de manera coordinada por los cuatro imputados, quienes se valieron de su larga trayectoria para realizar la maniobra”. Finalmente, detallaron que “la adulteración era muy sutil, imperceptible a simple vista” y que “los imputados no sabían que el sistema enviaba un duplicado del registro de todas las maniobras que realizaban”.
A su turno los abogados defensores insistieron en la inocencia de los cuatro acusados, y remarcaron que la causa penal se inició por una cuestión laboral porque los hombres fueron despedidos. “Se iniciaron los juicios laborales y después se radicó la denuncia penal. Es un debate traído a este fuero para dirimir la cuestión laboral”, sostuvieron los defensores Darío Pérez y Matías Villanueva.
Virginia Balanda, del Servicio Público de la Defensa Penal, detalló que en los telegramas de despido se dijo que si no aceptaban lo propuesto, se iniciarían acciones penales: “es un juicio laboral extorsivo, traído a lo penal para no pagar las indemnizaciones. Mi defendido es un hombre de 50 años que no terminó el secundario, no es un milleniall con conocimientos informáticos para manipular un sistema”, argumentó.
Finalmente, el abogado Alejandro Otte, quien representa a dos de los acusados, sostuvo que “estamos frente a una empleadora enojada que no quiere hacer frente a sus obligaciones y quiere extorsionar a los empleados en el marco de un juicio penal”. El letrado remarcó que ninguno de los cuatro hombres tiene antecedentes, por lo cual no hay motivos para pedir penas de cumplimiento efectivo por el delito atribuido “si no es para que desistan en la causa laboral”.
Por último, Otte remarcó que al finalizar el debate el juez se encontrará con una “orfandad probatoria que no podrán sustentar los testimonios”, y que no se podrá acreditar ni la materialidad de los hechos, ni la autoría de los acusados y ni siquiera el perjuicio económico que alegan los acusadores.
De acuerdo con lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), tras los alegatos de apertura comenzaron a declarar los testigos. Mañana viernes continuarán las declaraciones testimoniales en horario matutino.
Por su parte, los alegatos de clausura se realizarán el martes de la semana que viene, mientras que la lectura de la sentencia está prevista para el jueves 25 a las 8:30 de la mañana.
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