Serjal, el funcionario judicial que se encuentra bajo la lupa judicial.
Foto/ Gentileza El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue apartado de una sensible causa judicial bajo sospecha de favorecer a una parte en un pleito de tipo penal económico, en donde está denunciado el vaciamiento de una empresa. La presunción en contra del funcionario es que a menos de un mes de ordenar el archivo del caso por inexistencia de delito compró de la parte denunciada, que es propietaria de una concesionaria de automotores, dos vehículos 0 kilómetros por valor de unos tres millones de pesos, que inscribió a nombre de él y de su esposa.
Aunque Serjal presentó él mismo un pedido de apartamiento de la causa en cuestión, en donde propone una explicación de cómo afrontó el pago de los vehículos, la mirada del fiscal general de la provincia Jorge Baclini es que el argumento tiene endeblez al primer golpe de vista. Lo que motiva no obstante la separación de ese caso es la falta de razones lógicas para disponer el archivo de una causa en donde la presunción de existencia de dolo, es decir delito intencional, es ostensible.
Lo que corresponde ahora es el inicio de una investigación de la que estará a cargo el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Al mismo tiempo se abre un proceso disciplinario por el que corresponde el envío a la Legislatura provincial lo que podría, en caso de que se encuentren evidencias, en un pedido de jury para el apartamiento de su cargo.
Sospechas
El pleito que Serjal ordenó cerrar enfrenta a Omar Augusto Santero, de la firma Carrocería Sudamericana, contra Rómulo González, el denunciado, al que acusa de haber vaciado la firma antedicha en favorecimiento de la firma AutoRosario, concesionaria oficial de Toyota en Rosario. Tras el archivo de la causa se estableció que Serjal renunció a un plan de pagos de un vehículo que tenía contratado con anterioridad y terminó comprando en AutoRosario un Toyota Etios y un Toyota Corolla a 29 días de dar la instrucción del archivo de la causa que tenía a González como denunciado.
Esta disputa legal estuvo sujeta durante cinco años, según los abogados querellantes, a demoras incomprensibles, con cambios de fiscales, hasta que finalmente fue cerrada. La semana pasada el fiscal general Baclini ordenó la reapertura de la causa para su revisión frente a la inconsistencia de los motivos para su archivo
Temas
