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Policiales Patricio Serjal | juego clandestino | Los Monos

Elevan a juicio la causa contra el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal

Lo acusan de haber organizado una asociación ilícita que brindó protección a una banda dedicada a explotar juego al azar, de manera clandestina, en Rosario y cuyo jefe fue el capitalista Leonardo Peiti.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, presentaron este martes la acusación para llevar a juicio al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, en el marco de la causa que investigó al exfuncionario judicial como parte del entramado que brindó respaldo a una red de juego clandestino liderada por el capitalista del juego, Leonardo Peiti.

En la reciente elevación a juicio, ambos fiscales anticiparon que solicitarán, una vez que la causa llegue a debate, 12 años de prisión para Serjal y además la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, según informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación.

La acusación también alcanza al empleado judicial del MPA, Nelson Ugolini, quien también fue imputado como miembro de una asociación ilícita en carácter de autor, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo también en carácter de autor. Al mismo, la Fiscalía sostuvo que pedirá una condena de 5 años de cárcel.

La Fiscalía les atribuye haber conformado una asociación ilícita integrada además por - al menos - Gustavo Ponce Asahad (ya condenado), Leonardo Peiti (ya condenado) y Maximillíano D. (ya imputado y acusado) y también por David P. (fallecido) y Alejandro Torrisi (ya condenado) otras personas a la fecha no identificadas y no haber denunciado la comisión de delitos que Serjal conoció en ejercicio de sus funciones.

Leer más ► La trama secreta detrás del negocio del juego clandestino en Santa Fe

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Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron la acusación para llevar a juicio la causa por juego clandestino que salpica al senador Traferri

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron la acusación para llevar a juicio la causa por juego clandestino que salpica al senador Traferri

Asociación ilícita

Los fiscales de Delitos Complejos detallaron que el objeto de la asociación ilícita era usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ello sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación, con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.

Dicha organización se mantuvo activa al menos desde el 24 de abril de 2017, fecha en la que los investigadores constataron el primer contacto telefónico entre A.T. y Leonardo Peiti, hasta el 24 de julio de 2020, cuando tuvo lugar el encuentro en la cochera de calle Jujuy al 2300 de Rosario los imputados identificados como A.R. y Gustavo Ponce Asahad.

El alcance territorial de la asociación se definió en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo Rosario el centro de las decisiones y los negocios, donde según la acusación presentada viven los organizadores: A.T., Leonardo Peiti y Patricio Serjal; el resto de las personas antes nombradas participan de la misma en carácter de integrantes.

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La causa por juego clandestino organizado por el empresario Leonardo Peiti involucra al senador santafesino Armando Traferri

La causa por juego clandestino organizado por el empresario Leonardo Peiti involucra al senador santafesino Armando Traferri

Cobertura judicial

En la acusación se detalla que Serjal fue el organizador de la cobertura judicial a través del abuso de su cargo de fiscal, ya que daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Leonardo Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. A.T. le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.

Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.

En este punto aparece, para los fiscales del caso, el rol que atribuyen al senador Armando Traferri, quien "aprovechando las influencias que tiene como senador de la Provincia de Santa Fe, se encargó de vinculara Peiti con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal".

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Video del MPA de la reunión entre Ponce Asahad y el empresario Peiti

Los fiscales, en su acusación detallaron que el resto de las personas antes nombradas participan de la asociación en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos. Serjal, "usufructuando ilegalmente su rol como Fiscal le brindó a Leonardo Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste le entregaba periódicamente. Para ello se valió de Gustavo Ponce Asahad quien se contactaba con Leonardo Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Patricio Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti".

En la acusación los fiscales rosarinos sostienen que Serjal se comunicó con el Fiscal Regional de la ciudad de Venado Tuerto para darle cuenta que quería reunirse con él porque en su Fiscalía Regional se estaban llevando adelante investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse las investigaciones. Todo esto era "parte de una maniobra para interferir en la investigación que estaba llevando adelante el Dr. Merlo en la localidad de Melincué".

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Se estima que el funcionario judicial Patricio Serjal pedía una suma de 10 mil dólares para no investigar.

Se estima que el funcionario judicial Patricio Serjal pedía una suma de 10 mil dólares para no investigar.

Agregan que Serjal, "a sabiendas que Peiti estaba siendo victima de hechos violentos contra su persona en los que el Sr. Maximiliano D. y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, los imputados omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores". Para ello se reunieron en fecha 15 de julio de 2019 con Ponce Asahad y otra Fiscal que se encontraba a cargo de la investigación que tenía como víctima a Peiti e "indicaron que no realice medidas de investigación, no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad".

Los fiscales detallas una serie de encuentros entre Serjal, Peiti y Ponce Asahad, entre ellos uno ocurrido el 14 de noviembre de 2019 en el hotel Etoile de Bs. As. "El viaje lo realizó (Serjal) en un vehículo Toyota Corolla, conducido por chofer oficial, y solicitó a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos en dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923,lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a su nombre". Los acusadores sostienen que Serjal concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA en fecha 16 de junio de 2020 y allí pudo observar una investigación penal en contra de Peiti : "Al otro día volvió a concurrir ahora acompañado por Gustavo Ponce Asahad y en fecha 6 de julio de 2020 Peiti deja de utilizar la línea de teléfono, la cual a esa fecha se encontraba intervenida en esa investigación, información transmitida a Peiti por Nelson Ugolini".

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El exfiscal Ponce Asahad ya se encuentra condenado a través de un procedimiento abreviado

El exfiscal Ponce Asahad ya se encuentra condenado a través de un procedimiento abreviado

Finalmente, la acusación que realizan los fiscales a Nelson Ugolini -cuyo superior inmediato era Ponce Asahad- es haber usufructuado ilegalmente su cargo de empleado del Poder Judicial de Santa Fe en la Fiscalía Regional de Rosario, y detallan el rol que le atribuyen dentro de la asociación ilícita: "transmitir información reservada y necesaria para garantizar, desde la Fiscalia Regional, el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino montado por Leonardo Peiti. Informaba a Leonardo Peiti sobre las causas en las que él figuraba como sospechoso por juego clandestino y en las que estaban involucrados miembros de su negocio ilícito y sobre allanamientos en domicilios donde existían salas de juego clandestino y en el momento en que se desempeñaba como empleado en la Oficina de "Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Habeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal" de la Fiscalía".

Los fiscales sostienen que Ugolini el 26 de diciembre de 2019 le informó a Leonardo Peiti sobre una causa que había sido reasignada a otro Fiscal y que habían intervenido la línea; también le recomendó que no utilice el teléfono ni que Peiti lo llamé a él. Además le informó a Peiti por Whatsapp sobre causas que podían tenerlo como sospechoso por juego clandestino, correspondiente a los distritos judiciales de la Segunda Circunscripción.

Finalmente, los acusadores detallaron que el 6 de marzo de 2020 Ugolini le envió información a Leonardo Peiti sobre los domicilios que serían allanados y en los que funcionaban salas de juego clandestino "diciéndole que cambie su línea telefónica y borre el contenido de su teléfono en junio de 2020 ya que sabían y/o sospechaban que estaba siendo intervenido por investigaciones penales en su contra".