La Justicia de Santa Fe abrió una investigación para determinar cómo un preso, actualmente alojado en la cárcel de Las Flores, pudo utilizar una identidad falsa para lograr obtener la libertad en una causa judicial que se tramitó en el Ministerio Público de la Acusación y que terminó en su libertad condicional.
Se trata, nada menos, que de uno de los miembros de la banda que en noviembre de 2022 tomó la Subcomisaría de Arroyo Leyes. Poco antes de este copamiento, este hombre, Hernán Matías “El Orejón” Sosa (36), había logrado su libertad condicional en la Justicia al hacerse pasar por Andrés Alberto Borda.
En el programa Creo, que conduce cada mañana José Curiotto en AIRE, la fiscal Rosana Peresin explicó que se sospecha que Sosa pagó a uno o más policías de Santa Fe para que entregaran a la Justicia datos falsos sobre su identidad. Por ese motivo, se inició una investigación, pero para eso se pidió la colaboración de la Policía de Entre Ríos.
El engaño de Sosa se produjo durante un juicio abreviado en el que se acordó su libertad condicional. En ese juicio actuó la fiscal Yanina Tolosa, quien estaba de turno, y el abogado defensor de Sosa, Néstor Pereyra. Como el supuesto Andrés Alberto Borda no tenía antecedentes penales, Sosa transitó el proceso fuera de la cárcel.
Borda no era Borda
Sin embargo, nadie imaginó en su momento que Borda no era Borda, sino que era el mismísimo Sosa, sobre el cual recae una condena por robos calificados ocurridos en la provincia de Córdoba, según revelaron fuentes judiciales a AIRE.
Sosa logró salir en libertad, pero volvió a quedar detenido el 16 de diciembre del 2022 por el robo a una casa (bajo la modalidad de escruche) en la comuna de Franck ocurrido en 2021.
Ya en prisión por esa causa, que se tramita en la Fiscalía de Esperanza, se contactó con una mujer por teléfono, sin imaginar que el celular estaba intervenido en el marco de la causa que investiga el robo y copamiento de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes, que lo tiene como miembro de la banda que cometió el hecho.
En medio de una llamada, el recluso le confesó a su interlocutora que había logrado obtener una falsa identidad luego de haberle pagado más de un millón de pesos al personal policial que lo supo detener por aquella causa de amenazas y portación de arma de fuego de unos meses antes.
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