Dos años sin Maxi Sosa: un “pacto de silencio” impide saber qué pasó

En A Media Tarde conversamos con la fiscal de San Cristóbal, Hemilce Fissore, quien investiga el caso desde el primer minuto.

“Hoy hace dos años que la abuela de Maximiliano Javier Sosa radicó lo que desde esta Fiscalía entendemos como una falsa denuncia sobre su supuesta desaparición, y empezó esta investigación. Actualmente, está en una instancia incierta, ya que la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de que la misma resuelva la competencia. Durante todo 2017 estuvimos dirimiendo si debía continuar investigando la justicia provincial. Luego de que la Cámara de Apelaciones de Rafaela entendiera que existe la probabilidad de que estemos ante un delito de trata de personas, contando con un dictamen de la PROTEX (la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Fiscalía de la Nación), es decir, que se podría configurar un delito de naturaleza federal, se remitieron 12 cuerpos de expedientes y otros tantos elementos de prueba. Sin embargo, el Tribunal Federal de Rafaela rechazó la competencia federal diciendo que los elementos aportados eran insuficientes y devolvió el legajo“, detalló la funcionaria judicial.

“Entonces, el juez de San Cristóbal a cargo de la Instrucción Penal Preparatoria, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea ésta quien decida si estamos ante un delito de trata de personas, es decir, un delito federal, o si estamos ante un delito sustracción de persona menor de 10 años y por lo tanto nos corresponde a la justicia ordinaria continuar con el trámite de esta causa. Estamos esperando la palabra de la Corte“, agregó.

Fissore señaló que los avances actualmente se dan en el marco de una segunda causa, que se desprendió de la causa inicial: “Luego del arresto de la abuela de Maximiliano Sosa, la mujer violó la orden de incomunicación dictada al momento de su detención, ya que realizó una llamada que no tenía permitida. Esto se produjo dentro de la Alcaidía de la ciudad de Rafaela, donde estaba alojada. Eso dio origen a otro posible delito, y resulta paralelo a la causa original. En esa causa hay otros imputados, entre ellos un funcionario policial“, explicó la entrevistada.

La fiscal reconoció que “hay un hermetismo absoluto de parte de los dos imputados detenidos, aún cuando poseen distintos defensores. A Malagueño, incluso, se le ofreció un trato a cambio de colaborar en la causa, pero la respuesta fue siempre el silencio. Eso confirma nuestra teoría de que hay un ocultamiento intencional de lo que sucedió“, reflexionó Fissore.

En el mismo sentido, planteó que “resulta sumamente extraño que en un pueblo tan chico nadie haya aportado ni un sólo dato, que no haya habido ni una llamada anónima siquiera, a pesar de la suma ofrecida como recompensa. Esto nos da de pensar que, efectivamente, hay una organización delictiva que busca impedir que se sepa la verdad sobre el caso“, concluyó.

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