miércoles 28 de octubre de 2020
Policiales | Rosario | Narcotráfico |

Detuvieron a un abogado y a un empresario por la fábrica de facturas truchas ligada a la causa de la avioneta narco

Por orden del fiscal Walter Rodríguez fueron detenidas dos personas que están acusadas de formar parte de la banda que emitía facturas apócrifas para vender en distintas provincias.

La relación entre la narcoavioneta que tuvo un mal aterrizaje en San Justo el 22 de febrero pasado, cargada de cocaína que después desapareció, y la fábrica de facturas truchas a través de una red de personas que generaban Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), sumó dos nuevos detenidos en Rosario.

Son dos empresarios -uno de ellos abogado- que participaban de esta asociación ilícita, según la investigación que lleva adelante el fiscal federal Walter Rodríguez. Habrían emitido facturas para vender a otras firmas. Según fuentes de la causa, desde la IP que utilizaban se emitieron 107 comprobantes, por $ 8.092.488, entre los días 28 y 30 de mayo de 2019.

Los detenidos son Pascual Cuzzolla y Lisandro Davini, quienes fueron llamados a indagatoria por el fiscal en esta causa que se inició con la avioneta que se accidentó en San Justo el 22 de febrero pasado, con un cargamento de cocaína que desapareció junto con dos personas que se encuentran prófugas como son Claudio Casco y su pareja Lorena Melgarejo, quienes lideraban la banda que había adquirido en Paraguay el estupefaciente.

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En la investigación se detectó que además de narcotráfico esta organización manejaba una sofisticada red de lavado de dinero con epicentro en Rosario, donde se creaban Sociedades Anónimas Simplificadas -una figura jurídica que se creó en 2017, destinada a los emprendedores- para luego vender facturas en varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Río Negro, entre otras.

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Lorena Melgarejo y su pareja Claudio

Lorena Melgarejo y su pareja Claudio "Pulga" Casco lideraban la banda que trajo la droga desde Paraguay en la avioneta.

Según fuentes de la causa, estas nuevas detenciones se produjeron luego de los allanamientos que se concretaron en Rosario el 29 de setiembre pasado. Uno de los domicilios allanados fue el de Cuzzola en Magdalena Güemes al 7600 en Rosario, donde se secuestró un celular Samsung Galaxy J7 Neo. Ese teléfono fue clave para el avance de la causa.

Cuzzola está sospechado de emitir los comprobantes apócrifos desde la dirección IP asignada al servicio de internet registrado a nombre de Luciana B., utilizando la clave fiscal de las distintas usinas afectadas a la organización criminal.

En el peritaje que se hizo al celular de “Lito”, como le dicen a Cuzzola, se encontraron mensajes de Whatsapp con Lisandro Davini, quien sería el que le indicaba y le daba las claves fiscales e instrucciones exactas de los movimientos comerciales aparentes.

Davini, quien es abogado, le enviaba -según las fuentes consultadas- a Cuzzola los “pedidos” de los contribuyentes que buscaban beneficiarse con la creación de los comprobantes apócrifos, dando indicaciones concretas en cuanto a la forma, montos y conceptos a facturar, y desde que usina debía emitir los documentos.

Cuzzola y Davini son socios en la empresa Oroño Materiales, que fue creada en 2011, con domicilio en Filiberto al 9600. Esa firma, de acuerdo al Boletín Oficial, se dedica a la “compra y venta al por mayor de materiales de construcción”. Ambos también figuran en otra empresa que se llama Integral Resources SRL, domiciliada en Pje. Público 1658 N° 7618 de Rosario, que se habrían desprendido hace unos años.

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Esta organización movía mucho dinero a través de la venta de facturas. Según fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, este fenómeno delictivo se produjo desde marzo de 2018 hasta abril de 2020. Se habrían creado a través de distintas sociedades 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos. Esta matriz delictiva habría sido aprovechada por 1.381 contribuyentes que viven en varias provincias, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se radicaban las empresas truchas, y Mendoza, Corrientes, Chaco, Santa Fe, entre otras.

A partir del hallazgo de la avioneta el fiscal Rodríguez empezó a investigar datos financieros y económicos en torno a estas personas.

De acuerdo a la investigación judicial, en la que participó el Organismo de Investigación, a cargo de Víctor Moloeznik, esta organización vinculada a Melgarejo y Casco estaría integrada por Edgardo Galeano, Ramón Padrón, Gonzalo Rosales, Basilio Ojeda y Silvio Flores. Estas personas, según las fuentes judiciales, se ocupaban de la etapa inicial, para conformar las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se utilizaban como plataforma para la emisión de la facturación apócrifa.

Hay otras personas, como Rocío Miniello, Patricio Gonzalo Casagrande y Juan Armanino, quienes están acusadas de participar de otro eslabón de la cadena, en la que se realizaba la ejecución material de la emisión de facturas apócrifas. Para ello usaban las claves fiscales de las personas físicas y jurídicas.

A partir del hallazgo de la avioneta el fiscal Rodríguez empezó a investigar datos financieros y económicos en torno a estas personas. Estas medidas arrojaron como resultado que se identificó una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), constituida por Melgarejo y Casco. Pero esto era sólo el principio.

La mujer a su vez integró junto a otras personas dos SAS. Se detectó además que sus socios formaban parte de un conglomerado empresario del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas por medio de la adquisición de facturas apócrifas. A partir de allí se empezó a tirar de la piola. Y apareció una madeja de grandes dimensiones.

Hasta ahora la investigación pudo establecer que los miembros de la asociación ilícita cumplen con dos tipos de roles en el esquema reconstruido por el Organismo de Investigaciones: los encargados de la constitución e inscripción de las SAS, por un lado, y los comercializadores y emisores de comprobantes apócrifos, por el otro. Con este entramado lograron vender facturas truchas a más 1.300 personas y empresas.

Las SAS, esta nueva herramienta jurídica que se creó en 2017 y fue una especie de emblema del expresidente Mauricio Macri, fueron pensadas para el universo de los emprendedores. Pero le sirvieron como sostén legal a esta banda. De una forma rápida y con escasos controles esta organización creó decenas de sociedades a muy bajo costo.

En la investigación afloró que las SAS que se armaban con una computadora común y corriente tenían sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usaban claves fiscales de personas físicas que ninguna no tienen capacidad económica. Otro rasgo que llamó la atención es que estas personas tienen domicilio en “zonas de elevados índices de violencia”. Incluso, en algunos de estas casas se vendía droga o funcionaban como búnkeres, ligados a Los Monos.

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