La Justicia condenó a tres cordobeses que fueron detenidos por haber integrado una banda que cometió una serie de hurtos con inhibidores de señal en autos que se encontraban estacionados en la ciudad de Santa Fe.
El caso se ventiló en tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Cristian Nahuel González, quien deberá cumplir tres años de prisión y fue declarado reincidente, y Claudio Emanuel Suárez y Lautaro Gabriel Romero, a quienes se les impusieron penas de tres años de prisión de cumplimiento condicional y se les prohibió el ingreso a la provincia de Santa Fe hasta 2026.
Los tres tendrán que resarcir a las víctimas por 270.918 pesos (cada uno deberá abonar 90.306 pesos). Además, se les decomisaron un automóvil marca Fiat modelo Uno y dos artefactos inhibidores de señal que utilizaron para cometer los delitos.
La reciente condena fue a partir de un acuerdo abreviado entre los fiscales Rosana Peresín y Manuel Cecchini y las defensas particulares de los imputados y que fue admitido por el juez penal José Luis García Troiano.
Ladrones
En la causa judicial se estableció que González, Suárez y Romero formaron parte de la organización criminal, al menos entre la primera semana de marzo de este año y el miércoles de la semana pasada.
“Los condenados recababan información sobre personas que transportaban dinero en sus vehículos y los seguían con el fin de apoderarse ilegítimamente del efectivo. Mediante artefactos inhibidores de señal de cierre de puertas y alarma, concretaron cuatro hechos ilícitos”, informó al respecto un parte informativo difundido por la Oficina de Prensa del MPA.
En cuanto a los hechos investigados, uno de los hurtos fue en una camioneta que estaba en inmediaciones de la esquina de 9 de Julio y Santiago del Estero; otro, en un auto en 25 de Mayo y La Rioja; otro, en un auto en bulevar Gálvez al 1800, y el último, en un vehículo estacionado en 25 de Mayo al 2500.
Según estableció la investigación, la asociación ilícita sustrajo 1.450 dólares; 98.000 pesos; una computadora; cámaras fotográficas digitales; un teléfono celular; prendas de vestir; documentación personal, profesional y tarjetas bancarias de las víctimas; libros y útiles escolares, entre otros elementos.
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