Desde un departamento de Rosario salían las armas que se vendían a bandas criminales brasileñas

Román Ragusa, el líder de la organización, enviaba el material bélico en colectivos de la empresa Nuestra Señora de Asunción. Su socio Matungo los vendía a termibles bandas brasileñas, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.


Por Germán de los Santos

-El piloto sale mañana, porque está con dengue.

-No pega una. Que vaya a ver a una bruja.

La respuesta de Román Ragusa desata la risa de su socio paraguayo Eduardo Ramírez Cantero, alias Matungo, el 31 de marzo de 2018. Sabía que estaba en falta. Se había retrasado por los menos un mes con los pagos. La excusa que había puesto la semana anterior era que al “piloto” lo habían suspendido.

La ansiedad de Ragusa, quien fue procesado como jefe de una asociación ilícita para el tráfico ilegal de armas y se encuentra preso en el penal de Marcos Paz por orden del juez federal en lo Penal Económico Juan Pablo Yadarola, se recargaba porque el chofer de la empresa de colectivos Nuestra Señora de Asunción ya le había fallado dos veces.

Leer también: La pata santafesina del contrabando de armas más grande de la historia

Oscar Caballero Salmann, el “piloto”, quien se encuentra prófugo, era quien traía los dólares en una caja de cartón que Matungo le mandaba a Ragusa, que enviaba el armamento por esa empresa de colectivo desde Rosario, con el remitente San Martín 2076.

Aire Digital tuvo acceso al expediente 1.561/2018, que sigue adelante el juez Yadarola, que configura la investigación por contrabando y tráfico ilegal de armas más grande de la historia, en el que se describe las distintas metodologías de compra y venta ilegal de material bélico que tiene a Rosario como eje. Según los investigadores los distintos eslabones de esta organización, con fuertes contactos internacional, exportó más de 2.500 fusiles de alto impacto.

El destinario principal era Matungo en Asunción, quien está sospechado de ser el intermediario con organizaciones criminales brasileñas como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, los destinarios finales de las armas.

Ragusa, con la ayuda de sus familiares como su hermano Flavio y su padre, enviaba cajas con partes de armas y fusiles a Ramírez Cantero en colectivos de la empresa Nuestra Señora de Asunción. A veces los envíos eran a Clorinda, Formosa, donde alguien los iba a buscar y los cruzaba ilegalmente a Paraguay, o directamente a Asunción.

Esta sospecha no sólo se trasluce de las conversaciones por WhatsApp que mantienen Ragusa y Matungo entre el 10 de octubre de 2015 y el 28 de octubre de 2018, sino también en las dos cajas con partes de fusiles FAL que la Policía Nacional de Paraguay secuestró en marzo de 2016 en la casa de Matungo ubicada en calle J.B. Rivarola en Asunción.

Esos paquetes fueron despachados desde Rosario por Ragusa, con el nombre falso de Oscar Ortíz. Una fue enviada a Clorinda, Formosa y la otra a la capital paraguaya, por la empresa Nuestra Señora de Asunción a través del “piloto”. Ambas cajas tenían como remitente la misma dirección en Rosario: San Martín 2076.

Leer también: El futuro de la Región Centro a salvo de la grieta: cómo se perfila la relación entre Schiaretti, Perotti y Bordet

En la causa judicial no se investigó de dónde podrían haber salido esas partes de fusiles FAL. Lo llamativo es que después de la detención de Román Ragusa un tal “Martín” se comunicó con Ricardo Perpiña, otro de los rosarinos involucrados en esta causa, y le preguntó el 30 de noviembre de 2018 qué había pasado con Ragusa. “Yo soy de Fray Luis Beltrán y nos conocemos porque yo le entregaba algunas cosas a Román”, dijo ese hombre.

En Fray Luis Beltrán está ubicada la planta de Fabricaciones Militares y al lado el ex Batallón 603, donde en febrero de 2015, se denunció el robo de 19.600 municiones de calibre 9 milímetros.

Ramírez Cantero y su socio Carlos León Campos fueron detenidos por Interpol el 30 de julio pasado en Asunción por pedido del juez Yadarola.

Se sospecha que “Matungo” y su socio León Campos tenían contactos no sólo con Ragusa, el que vendía las armas desde Argentina, sino también con los compradores brasileños a través de Felipe Andrade Teixeira, quien se encuentra prófugo. Este brasileño, según fuentes de la investigación, era el encargado de pasar las armas a Brasil en Pontá Porá, ciudad limítrofe con Pedro Juan Caballero, Paraguay.

El 2 de julio pasado, una semana después de que en Argentina se empezaran a ventilar los tentáculos de la megaorganización de contrabando de armamento, Ramírez Cantero negó al diario ABC estar involucrado en la causa que sigue adelante el juez Yadarola. Su nombre había empezado a sonar en torno al caso.

Leer también: El clan Caminos y el negocio de la muerte y las barras de fútbol, con el narcotráfico como eje

“Las supuestas pruebas que me conectan con un grupo de traficantes de armas desbaratada en la Argentina son totalmente falsas, pues dichos elementos de prueba jamás fueron encontrados o incautados en mi negocio ni en mi domicilio particular”, aseguró Ramírez Cantero.

León Campos, su socio, quien era accionista de la firma Comtecpar, fue involucrado en julio de 2001 por tráfico internacional de armas en Bolivia, cuando fue detenido con 52 fusiles ametralladoras livianas (FAL) y dos ametralladoras y 50 antiaéreos, que, según la información de la prensa boliviana, fueron robados al Ejército de ese país. Se sospechaba en ese momento que las armas iban a ser traficadas a través de Paraguay, con destino final a Colombia, donde iban a canjearlas por cocaína con los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La causa en Argentina comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del juez Yadarola un pedido de “envío controlado” hecho por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser ropa deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.

El 20 de octubre llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de maderas pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Se les puso un rastreador satelital.

Era el comienzo de una investigación que terminó descubriendo “una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual”, según la descripción que hizo el juez en el expediente.

En un primer capítulo de esta investigación cayó Román Ragusa, considerado el líder, junto a más de 20 personas, muchas de ellas que participaban de la adquisición de partes de armamento pero que no tenían conocimiento cuál era el destino final. La organización funcionaba como una red sofisticada.

Había varios canales para la adquisición de las partes del armamento. Ragusa compraba por Internet las armas desde Argentina, con una tarjeta de crédito local, a un vendedor alemán, que las enviaba a España, donde las recibía Juan Gil Palau, quien a su vez las mandaba a Holanda, donde las acopiaba Martinus Hoeben. Se cargaban en un container en un barco que salía por una empresa paraguaya con destino a Buenos Aires.

La otra forma de ingresar las armas al país era a través de pequeñas compras por encomienda en el Estado de Florida, que llegaban a la Argentina a través del correo. Esto mecanismo fue el que descubrió en octubre pasado Homeland Security.

En la primera tanda de detenciones que ordenó el juez Yadarola además de Román Ragusa fueron detenidos otros miembros de la organización, la mayoría personas que se dedicaban a la compra de armas de colección, entre ellos, Ricardo P., quien fue detenido en Rosario, y declaró el 21 de diciembre pasado que las encomiendas con armas desde Miami entraban a la Argentina previo paso por Brasil.

En una segunda etapa de la investigación fueron detenidas otras 17 personas en cuatro provincias. Uno de los aprehendidos fue el abogado Diego Bollati, jefe de contrataciones del Instituto Cartográfico Nacional, quien junto con su padre tenían la explotación en Córdoba del polvorín militar de la Fuerza Aérea, ubicado sobre la ruta 20, a través de la empresa Tala SA. Esa concesión venció en 2010 pero cuando fue allanada por orden del juez encontraron gran cantidad de material bélico. Otro de los detenidos fue Ricardo Deisernia, alias Tuerto, quien tenía un arsenal en una habitación de pánico en su casa de Martínez.

NOTICIAS DESTACADAS