Falkenberg: “No se informó que el teléfono era del ministro”

Las escuchas al teléfono del ministro de seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desataron una serie de opiniones, reclamos y especulaciones que las partes intervinientes comienzan a intentar aclarar.

Esta mañana, los jueces de la 1ra Circunscripción emitieron un comunicado explicando de qué manera se realizó la diligencia.

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En diálogo con Ahora Vengo, el juez Nicolás Falkenberg precisó que “Se desarrolla esta diligencia en marco de una petición como hay muchísimas y no se informa de quien era la línea porque no se contaba con esa información”.

En relación a este punto, el magistrado explicó que “normalmente se informan los datos con los que se cuenta. Es información obtenida a los fines de determinar la existencia de un delito. A veces no hay tiempo para pedirle a la compañía de teléfono de quien es la titularidad. Si se cuenta con esa información hay que aportarla.”

“Desconozco si el fiscal conocía o no a quien pertenecía la línea de teléfono”.

Al ser consultado si de haber sabido que el teléfono a intervenir era del ministro de seguridad la situación hubiera sido diferente, Falkenberg explicó que “uno evalúa a nivel de proporcionalidad. Por ejemplo, si usted me dice que tiene imputado al presidente en un hurto simple, bueno, uno va a ver la magnitud de la persona y en ese caso se toman recaudos especiales. Como por ejemplo: si hay un dvd con información trascendente, de qué forma lo retira, quien lo va a escuchar…”.

Por último, el juez dijo que “no es que no se pueda (intervenir el teléfono de un funcionario), pero obviamente obligan a extremar los recaudos. Son personas comunes y corrientes pero por ejemplo hay que ver bien cuál es la naturaleza del hecho. Porque no es la misma afectación a la intimidad una persona común que una persona que en su línea transitan cuestiones de distinta orden”.

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la Acusación también lanzó un comunicado, en el que respaldan el trabajo de los fiscales que investigan “posibles casos de corrupción” y reivindican “la autonomía” del Ministerio Público de la Acusación.

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