Causa Bolsafé: piden juzgar a la ex vicepresidenta como coautora de las estafas

Bolsafé

El fiscal Rodríguez dio por concluida otra etapa en la causa por las estafas a ahorristas de Bolsafé Valores y solicitó llevar a juicio a una persona que se desempeñaba en el directorio de la empresa y en Mercado de Valores del Litoral como coautora de las estafas.


Por Andrea Viñuela

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó al juzgado federal nro 2 que eleve a juicio la otra etapa de la megacausa por estafas de Bolsafé Valores. Es el tercer requerimiento que realiza Rodríguez en torno a esta causa. El primero fue en febrero de 2017, donde se pidió juzgar a Mario Rossini, su hermano Omar y la contadora Mercedes Leiva y seis empleados de Bolsafé Valores. El segundo es de junio de 2018, e involucró nuevamente a Rossini y a tres empleados de Valfinsa Bursátil.

En esta oportunidad el fiscal solicita que sea juzgada María José Sánchez, quien se desempeñó como miembro del directorio y vicepresidenta de la sociedad Bolsafe Valores SB SA desde marzo de 2004 hasta abril de 2006, y socia accionista de la firma B V Emprendimientos SA desde el mes de agosto de 2003 hasta el mes de octubre de 2004.

Además, Sánchez ejerció el cargo de titular en la Comisión Fiscalizadora del Mercado de Valores del Litoral SA en el período 2003/2004, durante el cual se dictó la Res. 8/2003 que prohibía el alquiler de títulos valores en ese mercado donde operaba la firma Bolsafe Valores SA.

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Coautora de una estafa multimillonaria

El fiscal Rodríguez recordó en su solicitud que se trata de una causa de administración fraudulenta “relativo al despojo de los bienes confiados en custodia por al menos 408 víctimas inversores, del cual derivó un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto –desactualizado- equivalente a 251.036.455, 21 pesos.”

Las maniobras defraudatorias se realizaron desde septiembre de 2003 hasta diciembre de 2012, de manera continua y habitual en las sedes de las firmas Bolsafe Valores SA SB y BV Emprendimientos SA, ubicadas en la ciudad de Santa Fe. Para esto utilizaron estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país, así como también de medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.

Rodríguez entiende que la imputada F. S., en su carácter de miembro del directorio y vicepresidenta de la sociedad Bolsafe Valores SB SA durante marzo de 2004 a abril de 2006, y como socia accionista de la firma B V Emprendimientos SA desde el mes de agosto de 2003 hasta el mes de octubre de 2004, intervino -junto a sus consortes de causa-, en la maniobra defraudatoria, a través de la cual se administraron fraudulentamente los bienes confiados en custodia por al menos 408 víctimas.

Es por esto que el fiscal solicitó que F.S. sea juzgada por el delito de administración fraudulenta, en carácter de coautora.

 

Lugares de privilegio

Rodríguez destaca el “importante rol desempeñado como integrante del directorio y ocupación de la vicepresidencia de Bolsafe Valores SB SA” tal como se desprende del acta constitutiva y el estatuto social de la firma y sus posteriores modificaciones (artículo undécimo).

Además, F. S. fue socia accionista de BV Emprendimientos SA desde el mes de agosto de 2003 hasta octubre de 2004, y durante ese período la imputada suscribió, junto a Mario Rossini, el acta a través de la cual se modificó el estatuto de la empresa.

A través de esa modificación se amplió su objeto social e incluyó la facultad de “efectuar todo tipo de operaciones financieras, excepto las comprendidas en la ley de entidades financieras u otras por las que se requiera el concurso público”. Así se la autorizó para “aceptar o proponer cualquier modificación al acto, que surja de observaciones que efectúe el organismo interviniente, facultándolas en forma amplia para realizar todo tipo de trámite que sea necesario para dejar definitivamente inscriptas estas modificaciones, inclusive constar observaciones”.

A su vez, F. S. ejerció el cargo de titular en la Comisión Fiscalizadora del Mercado de Valores del Litoral SA en el período 2003/2004, durante el cual se dictó una resolución que prohibía el alquiler de títulos valores en ese mercado donde operaba la firma Bolsafe Valores SA.

Esto implica que la imputada conocía la prohibición de realizar la operatoria de alquiler de títulos valores que se constituyó en una de las modalidades utilizadas para el despojo de las inversiones en perjuicio de los damnificados.

 

Generar confusión en los ahorristas

El fiscal recuerda que BV Emprendimientos originariamente funcionaba en las mismas instalaciones que Bolsafe Valores SA SB; hasta que en el año 2006 el Mercado de Valores del Litoral realizó una auditoría a partir de la cual la firma fue intimada a diferenciar los domicilios.

F. S., Mario Rossini y J. C. Y. (director de B V Emprendimientos en ese momento), mudaron su sede a calle Juan de Garay 2763, a escasos metros de las oficinas de Bolsafe Valores SA SB.

Se entiende que durante gran parte del período en el cual Sánchez intervino en la maniobra delictiva en forma directa, las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos funcionaron en el mismo espacio físico, lo que aumentó la confusión en el público inversor y posibilitó la ampliación del margen de despojo efectuado a los inversionistas.

Atento al cargo que ocupaba la imputada F. S., y a su desempeño efectivo en la firma Bolsafe Valores SBSA, entiende el fiscal que se evidencia que tenía a su cargo (junto con Mario José Enrique Rossini), el manejo, la administración y el cuidado de los bienes o intereses pecuniarios de los inversionistas.

Destaca Rodríguez que “la recurrente no podía ignorar las maniobras pergeñadas por quien dirigía la sociedad, máxime si se tiene en consideración el nivel de instrucción de la imputada (contadora pública nacional)”.

El fiscal precisa que “resulta evidente que F. S. tuvo un dominio efectivo del hecho en forma compartida respecto del conjunto de actividades que integraron la compleja maniobra de desapoderamiento realizada a través de los diversos actos de administración y/o disposición -que en violación de deberes legales y/o estatutarios- provocaron finalmente la administración fraudulenta con el consiguiente desapoderamiento, es decir, el perjuicio patrimonial de los intereses confiados por las víctimas”.

F. S., junto a sus consortes de causa, “evidenció un pleno conocimiento de la compleja maniobra (porque ese conocimiento es condición necesaria de su realización), y que, además, exteriorizó su decisión de llevarla a cabo, pues su puesta en práctica es simplemente imposible sin la concurrencia de esa voluntad directa”.

Para el fiscal, en la etapa de instrucción se logró demostrar que la encartada “tuvo una activa participación en cuestiones centrales de la maniobra ilícita pergeñada centralmente por Mario Rossini, como ser la ampliación del objeto social de BV Emprendimientos con el fin de que esta pueda realizar operaciones financieras; la preparación de las respuestas a los requerimientos formulados con motivo de las auditorias del Mercado de Valores del Litoral; la confección de documentos específicamente destinados a la prevención del lavado de activos, la comunicación a los clientes de la mudanza de Bv Emprendimientos, la elaboración de los balances de esta última, y la aprobación de los estados contables de Bolsafe Valores SA SB”.

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Primeras audiencias

Por otra parte, se espera que mañana lunes 10 y el martes 11 a partir de las 8:30 hs. se realicen en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe las primeras audiencias vinculadas a esta megacausa. Se trata de dos “probation” o suspensión de juicio a prueba para dos de las personas acusadas: Daniela Reatti y María Lorena Molinas.

Ambos se encuentran dentro de la primera parte de la causa elevada a juicio, en 2017, y según pudo saber Aire Digital, varios de los coimputados habrían solicitado la medida procesal para así evitar el juicio oral y público.

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