“Esta persona fue imputada el 13 de junio, por ocho hechos de amenaza calificados como intimidación pública. Permanece en estado de libertad y restan algunas medidas de investigación, como el peritaje de celulares. Luego de producidas esas pruebas, la causa se elevará a juicio”, sostuvo la funcionaria judicial.
Martí explicó que el delito de intimidación pública corresponde al Artículo 211 del Código Penal y prevé una pena de 2 a 5 años de prisión: “En este caso, los hechos concursan entre sí, por lo que la sumatoria de las máximas daría 40 años de prisión”, detalló.
“No puedo hacer un pronóstico de cuál será la sentencia, porque eso se debatirá en un juicio oral en el que se deberán reproducir las pruebas recolectadas en la IPP, pero entiendo que estamos en condiciones de pedir una pena de cumplimiento efectivo“, agregó la fiscal y aclaró: “Lo que resuelva después el Tribunal al momento de dictar sentencia dependerá de las pruebas que se ventilen, esperemos que sea la condena pedida por la Fiscalía“.
“Cada llamado genera un despliegue de recursos del Estado a los fines de afrontar esa alerta, y eso es parte de la gravedad que reviste el hecho. Esto se ha tenido en cuenta en la investigación, que se inició el 29 de diciembre”, expresó.
La entrevistada confirmó que “por consejo de su abogada defensora, el imputado se abstuvo de declarar por el momento” y señaló que se trata de “una persona de mediana edad, que manifiesta ser estudiante y reside algunos días de la semana en Rosario por el cursado de su carrera”.
Finalmente, indicó que “la repetición de los llamados que él mismo realizó permitió a la PDI poder cerrar el cerco de la investigación, detectarlo y detenerlo”.
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