Redacción Aire Digital
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) instaló hoy en Quito el denominado Parlamento Popular para elaborar un modelo económico distinto al plan de ajustes aplicado por el gobierno, que desató las violentas protestas de principios de este mes.
Unos 400 delegados de diferentes organizaciones de la sociedad civil acudieron a la reunión en la sede de la Conaie en la capital ecuatoriana Quito que fue inaugurada por el máximo líder de esa confederación, Jaime Vargas. El encuentro permitirá “trabajar, discutir y debatir” sobre un “un nuevo modelo económico para nuestro país”, aseguró Vargas al dar inicio a la cita, cuyas conclusiones serán difundida en los próximos días, informó la agencia de noticias EFE.
A principios de este mes, el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas que incluían la eliminación del subsidio a los combustibles y su consecuente encarecimiento. Esas medidas, junto a otras reformas laborales, fiscales y tributarias, formaban parte de los compromisos adquiridos por el gobierno en un acuerdo crediticio por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Conaie fue la principal organización que se opuso al ajuste y, tras violentas jornadas de protesta, obligó al gobierno a retroceder en su decisión.
Las manifestaciones, que se concentraron en el centro de Quito y que duraron diez días, concluyeron el 13 de octubre con la derogación del decreto sobre la eliminación del subsidio a los combustibles y con un saldo de ocho muertos, 1.300 heridos y un millar de detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Las protestas concluyeron con el inicio de un proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, auspiciado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Quito.
La Conaie reveló el miércoles pasado que ese proceso de diálogo se había suspendido debido a la aparente “persecución” emprendida por el gobierno contra los líderes de la protesta, incluido Vargas quien está sometido a una indagación fiscal por presunta “rebelión”. Igualmente, el grupo indígena resolvió mantener el nexo con la oficina de la ONU en Quito, pero exigió al gobierno garantías sobre el respeto a los derechos humanos y que asuma su responsabilidad por el “uso excesivo de la fuerza” durante las protestas.
Nota de Redacción: en esta noticia se utilizó información de la agencia Télam.
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