El gobierno oficializó ayer el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad que entre otras cosas permite que la policía dispare contra personas que huyen.
La resolución 956/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deroga también toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.
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Al respecto, en diálogo con Aire de Santa Fe, el senador provincial Lisandro Enrico defendió la medida y sostuvo que “esto significa darle herramientas a las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza pública”.
“Si el Estado, mediante las fuerzas, no puede repeler con firmeza el ataque de las bandas de los delincuentes por estar limitadas por reglamentaciones, no se puede actuar como corresponde”, lamentó el legislador.
En el mismo sentido, el integrante de la comisión de seguridad de la Cámara de Senadores aseguró que “en la mayoría de los países del mundo las fuerzas de seguridad cuando están ante una amenaza, utiliza los recursos y herramientas que tiene”.
“El Estado se tiene que hacerse firme en las calles”, remarcó.
Al ser consultado sobre si la medida no va contra el principio de inocencia, contemplado en el Código Penal y en la Constitución Nacional, Enrico advirtió que “ese concepto tiene que ver con el juicio, propiamente dicho. Ahora estamos hablando de una amenaza concreta, una situación que ponga en serio riesgo al personal policial o a un tercero”.
“Se tratan de medidas de prevención, que a través de los años, se le fue quietando a la policía”, dijo a la vez que agregó que “hay lugares donde si no se hace uso de la fuerza no se puede combatir el delito”.
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Sin embargo, el senador destacó que la medida debe ir acompañada de una estricta capacitación para los integrantes de las fuerzas.
“Esto se debe acompañar con una adecuada capacitación de la policía”, indicó.
Sobre quienes sostienen que la iniciativa es inconstitucional por violar determinadas garantías, el legislador lamentó que “cada vez que hay cambios para dar más seguridad, aparecen los garantistas acusando de mano dura o diciendo que es inconstitucional”.
Por su parte, el presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, Adán Costa Rotela se mostró en contra de la iniciativa, aunque saludó que se produzca el debate.
En primer lugar, Costa Rotela indicó que “es muy importante que se comprenda que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y pone en manos de sus agentes policiales armas de fuego”. En este punto, subrayó que “el uso (de las armas) es excepcional, no la regla”.
Sin embargo, para el profesional, lo preocupante está vinculado con lo simbólico. “Disparar cuando alguien se da a la fuga es un tema muy complicado”.
En ese sentido, advirtió que “la sociedad se puede balancear para un lado bastante peligroso”.
Audio: Senador Lisandro Enrico
Audio: presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, Adán Costa Rotela
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