La decisión fue tomada con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes resaltaron que “en el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público”.
LEER MÁS ► Casación le cerró la puerta a Santiago Busaniche: no podrá apartar al juez ni a los fiscales que lo investigan
“Resulta entonces un imperativo -siempre que no medien irregularidades insuperables o insusceptibles de saneamiento- habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia”, afirmó Mahiques.
En sintonía, Yacobucci aseguró que “las decisiones objetadas, que confirman aquellas adoptadas por el juez de garantías, cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial”, al tiempo que afirmó que de aceptarse las críticas “se pondría en crisis la naturaleza misma del sistema” acusatorio.
En disidencia votó el juez Mariano Borinsky. Citando sus propios libros, Borinsky se inclinó por quitar directamente de la causa al operador judicial. “La acción penal en su contra se encuentra fenecida”, dijo en minoría.
Todo se enmarca en la causa que investiga al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, por presunta corrupción, extorsión a empresarios y armado de extorsiones. Busaniche es señalado como parte de esa red por arrepentidos y lo complicaron las comunicaciones con el ex jefe de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna que decidió convertirse en arrepentido y dar detalles de esos diálogos y las operaciones investigadas. Por otro lado, Busaniche también está procesado en la causa que investiga a otro juez de Rosario, Gastón Salmain, en una causa en donde se los investiga por dictar fallos a cambio de coimas para que un financista consiguiera dólares a precio oficial en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández.
Lo que Casación analizó hoy fueron los planteos que había presentado la defensa de Busaniche, en donde se buscaba hacer caer la causa en su contra y apartar al equipo de fiscales de Rosario que sustancian la causa con colaboración de la Procuración especializada en lavado de dinero y de la Procuración que investiga narcotráfico - cales del expediente, en el marco del sistema acusatorio que rige en esa jurisdicción.
LEER MÁS ► Causa Bailaque: allanaron domicilios y una escribanía en Santa Fe y Buenos Aires del operador judicial Santiago Busaniche
Esos reclamos ya habían sido rechazados en primera y segunda instancia en Rosario, pero se buscaba que el máximo tribunal penal hiciera lugar a la jugada. Así, la defensa cuestionó la investigación por “selectiva” y se quejó de que se tratara el tema como un caso “complejo” lo cual permite extender los tiempos de la pesquisa. A su turno, la fiscalía respondió que no existen en la causa “intereses políticos subyacentes que trasciendan al accionar del Ministerio Público”, como se pretendía plantear.
Analizado el caso, Casación respaldó a los fiscales, rechazó todos los agravios y recordó que Busaniche fue acusado “en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado (..) junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei, y Carlos Vaudagna, consistentes en la iniciación, tramitación y direccionamiento de actuaciones administrativas y del expte. Judicial Nro. 34366/2019, tramitados contra Claudio Adrián Iglesias y Jorge Luis Oneto con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”. El fallo también recordó que, según la acusación, a través de Bailaque “Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos”.
“Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional”, sostuvo.
En febrero pasado, el Ministerio Público Fiscal presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión, mientras que para Busaniche se estimó una pena de 6 años de prisión, entre el resto de los acusados del caso.
