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Jorgelina Hiba | Ley de humedales | Juntos por el Cambio |

Los ambientalistas critican el proyecto de Ley de Humedales de la oposición: "Es muy regresivo"

La propuesta de Juntos por el Cambio obtuvo más avales que la del oficialismo. Todavía falta el debate en Diputados, que no tiene fecha definida. Las principales críticas de los ambientalistas al proyecto.

Después de un larguísimo debate político, mediático y legal mechado por una guerra discursiva que tuvo de todo, incluso fake news, existen dos proyectos de Ley de Humedales que lograron sortear la etapa de las comisiones legislativas y deberán ahora ser debatidas por la Cámara Baja del Congreso de la Nación: uno de ellos tiene el apoyo de la oposición, lleva la firma del diputado por Caba Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y fue el que más adhesiones de diputados recibió hasta ahora, por eso logró obtener el dictamen de mayoría.

El otro proyecto, vehiculizado por un sector del oficialismo bajo el liderazgo de Leonardo Grosso (provincia de Buenos Aires, Frente de Todos) e impulsado por las organizaciones socioambientales, consiguió menos firmas a favor y pasó a la siguiente etapa con un dictamen de minoría.

Si bien tienen algunos puntos en común, existen diferencias de forma y de fondo entre estos dos proyectos, tanto respecto a la propia definición de humedal y los servicios ecosistémicos que brindan, como respecto a los objetivos de la normativa y los plazos para su aplicación, pasando por matices importantes respecto a quien debería luego controlar su aplicación, entre otras cuestiones.

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La preservación de los humedales es estratégica para la provincia de Santa Fe.

La preservación de los humedales es estratégica para la provincia de Santa Fe.

Con base en una comparación entre los dos proyectos, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) sacaron un documento que concluye que el dictamen que obtuvo una mayoría de firmas “es muy regresivo” en comparación con el que obtuvo dictamen de minoría, que es el llamado “proyecto consensuado” y que refleja muchos años de trabajo entre organizaciones, científicos y académicos.

El debate sobre la Ley de Humedales ya lleva diez años

El debate sobre una ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales tiene diez años de historia y ya pasó por diferentes instancias legislativas, sin éxito hasta ahora. Así lo recuerdan el abogado Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa en el artículo “Tenemos derecho a una buena ley de humedales”, publicado hace pocos días en el portal del diario.ar. Los autores detallan que el primer capítulo se escribió en 2013, cuando un proyecto impulsado por el entonces senador Rubén Giustiniani logró una primera media sanción en la Cámara de Senadores, pero luego perder estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Algo muy parecido pasó en 2016 con un proyecto del fallecido exsenador Fernando “Pino” Solanas, que también logró media sanción, pero terminó cajoneado en la Cámara Baja, sin tratamiento alguno.

Según los dos autores, los dos proyectos de ley que lograron avanzar este año “tienen diferencias evidentes”: “El dictamen de Mayoría (Cambiemos) es enormemente regresivo respecto del de minoría (Grosso) y flexibiliza notoriamente la protección de los humedales en todo su articulado”.

https://twitter.com/EnriqueViale/status/1592192494875586560

“El desafío actual es lograr que se discuta en el recinto antes de fin de año. A casi 10 años del primer proyecto de ley, ya queda claro que no es a raíz de un problema técnico que no se consigue su aprobación”, agregaron los expertos.

Según el análisis de los abogados ambientalistas, el dictamen de mayoría no reconoce “el valor intrínseco de los humedales ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan”. Además, con relación a los propios objetivos de la ley, en el dictamen de minoría son “más amplios y protectores”, ya que contempla la aplicación del principio de no regresión en materia ambiental y establece como objetivo “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”

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Las quemas y la sequía provocaron un fuerte impacto en los humedales santafesinos.

Las quemas y la sequía provocaron un fuerte impacto en los humedales santafesinos.

Respecto a los plazos para llevar adelante el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) el proyecto de minoría establece un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley, mientras que el de mayoría permite hasta cuatro años desde la sanción de la ley.

El trabajo comparativo presentado por la Asociación de Abogados subraya que el dictamen de minoría dispone la aplicación de los principios de “participación, co-construcción del conocimiento, equidad territorial y social, perspectiva del paisaje, progresividad, variabilidad espacio-temporal de los humedales, de no regresión y de resguardo jurídico ambiental”, mientras que el dictamen de mayoría los omite. Además, únicamente el proyecto de minoría establece un “monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales”.

A eso se le suma que el dictamen de minoría establece que, en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa. En cambio, el dictamen de mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.

Medir los impactos ambientales

El documento de la AAAA plantea que “son más amplias las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el despacho de minoría”, ya que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.

Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de la construcción de terraplenes, represas, endicamientos o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua, el movimiento de suelos, el volcamiento de efluentes o desechos, la introducción de especies exóticas, las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial, el cambio de uso del suelo, la exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking, todas actividades que, en su mayoría, hoy se realizan sin una evaluación de impacto ambiental previa.

“Solo el dictamen de minoría establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo, ya que actualmente no existe esta obligación. Esto es omitido en el dictamen de mayoría”, agregaron.

El dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas, con prioridades en los territorios indígenas, de la agricultura familiar y en las comunidades locales, mientras que el de mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.

Además, el proyecto de la minoría crea un Programa Nacional de Conservación de Humedales, con un capítulo específico, algo que no aparece mencionado en el otro proyecto.

En relación con la participación de otros actores sociales, el proyecto de mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales al Consejo Federal de Minería, el INTA y al Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos, mientras que el de minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil como organizaciones sociales, ambientales e indígenas.

Finalmente, el proyecto de mayoría pone como autoridad de aplicación, junto al ministerio de Ambiente de la Nación, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.