Argentina es uno de los países que conforman el llamado “triángulo del litio” junto con Bolivia y Chile. En esa área están el 65% de las reservas mundiales de este mineral considerado como un elemento central para la transición energética, ya que se utiliza en baterías eléctricas de autos y de teléfonos celulares.
Los métodos utilizados para su extracción reciben cuestionamientos por sus impactos ambientales, sobre todo por el uso del agua en zonas donde es un bien escaso y muy valorado por las comunidades de pueblos originarios.
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Reforma exprés
¿Qué relación existe entre la minería de litio y los derechos de los pueblos originarios en este conflicto? La reforma impulsada por Morales apuntaba a modificar tres artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios, la propiedad privada y los cortes de rutas como forma de protesta. En el proyecto original, el artículo 50 (que trata sobre los derechos de los pueblos originarios) pretendía ser modificado al abandonar la consulta previa e informada de las comunidades respecto a sus recursos naturales, que en Jujuy tienen sobre todo un nombre: minería de litio.
Si bien, tras las protestas, el gobierno jujeño dio marcha atrás con este cambio en contra de los derechos de los pueblos originarios, las protestas no cesaron, ya que las comunidades buscan frenar el avance de la minería de litio y defender al agua.
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En Argentina hay tres plantas de litio en funcionamiento y dos están en Jujuy.
En el año 2010, las comunidades de pueblos originarios de la zona de Salinas Grandes y de Guayatayoc presentaron un amparo colectivo contra el estado provincial de Jujuy y de Salta y contra el Estado Nacional para que esos gobiernos garanticen su derecho a expresar su consentimiento sobre la explotación del litio en sus territorios, demanda que incluso llegó a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica.
Argentina produjo el año pasado alrededor de 33 mil toneladas de litio, el 5% de la producción mundial, y se ubicó como el cuarto productor mundial después de Australia, Chile y China. Hay 38 proyectos mineros, tres actualmente se encuentran en producción.
Impactos ambientales y conflictos sociales
En Argentina hay tres plantas de litio en funcionamiento y dos están en Jujuy: Salar de Olaroz y Cauchari-Olaroz, que entró en funcionamiento hace menos de un mes. El proceso de obtención del litio se realiza a través de la evaporación, algo que requiere un uso muy intensivo de agua: se calcula que, por cada tonelada de litio, se usan hasta dos millones de litros de agua.
Según han advertido organizaciones socioambientales, académicos y las propias comunidades de pueblos originarios, este uso excesivo del agua puede generar desequilibrios en los acuíferos de agua subterránea, muy importantes en una zona caracterizada por su clima seco y por la falta de este recurso clave.
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Según Lucas Michelaud, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, el tema del litio es ilustrativo del conflicto que los extractivismos (la explotación intensiva de recursos naturales para su exportación, sobre todo) generan en los territorios: “desde los años 90 la economía argentina está anclada en la explotación de sus recursos naturales a costa de pasivos sociales y ambientales: vemos eso con el fracking en la Patagonia, el agronegocio en el Gran Chaco y la megaminería en la Cordillera”.
Esta “matriz legal” forjada durante la década de los ’90 del siglo pasado explica, según el abogado, el actual modelo de “mal desarrollo” de la Argentina, basado en un extractivismo intenso, fuertes desigualdades sociales y grandes impactos ambientales.
“Vivimos en un consenso de los commodities que no tiene grieta, ya que fue adoptado por igual por los partidos mayoritarios que han gobernado el país. Estamos muy atrasados en el debate ambiental, todavía no se debate de forma seria en Argentina sobre una transición energética hacia fuentes limpias”, agregó.
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En las últimas semanas se multiplicaron las imágenes sobre el conflicto social en Jujuy, donde muchos sectores salieron a manifestarse en las calles contra la reforma de la Constitución provincial por parte del gobernador Gerardo Morales.
Humedales en la mira
Uno de los mayores desafíos de la transición energética hacia tecnologías más limpias es compatibilizar la explotación minera con el cuidado del ambiente y los derechos de las comunidades locales. La Fundación Humedales trabaja en la conservación de los humedales altoandinos y realizó un estudio sobre los “Impactos ambientales de la explotación de litio en los humedales y recursos hídricos del Altiplano”.
El documento explica que la extracción de litio, en particular mediante el método evaporítico, “implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce, por lo que impone una enorme amenaza para los frágiles humedales altoandinos”, ecosistemas ubicados a más de 4.000 metros de altura en el corazón de los Andes que tienen un valor clave para las economías locales al incluir pasturas para el ganado, recursos alimenticios y agua fresca para las comunidades locales y ser el sustento “de una biodiversidad única”.
