Todo comenzó el fin de semana, cuando Trump ordenó el envío de 2.000 soldados a Los Ángeles, bajo el argumento de “proteger a los ciudadanos” frente a lo que calificó como una “invasión” de inmigrantes ilegales. La medida se intensificó con el arribo de otros 2.000 efectivos adicionales y la movilización de 700 marines en alerta desde Camp Pendleton, elevando a más de 4.000 la cantidad de militares en las calles.
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Redadas y reacción social: el detonante de la crisis
La reacción de la ciudadanía no tardó en llegar. Las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en barrios como Paramount y Compton dejaron al menos 44 personas detenidas, incluidos menores de edad. La presencia policial y militar fue inmediatamente cuestionada por defensores de los derechos humanos y políticos opositores.
Las protestas se concentraron frente al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, donde cientos de manifestantes se congregaron para exigir el fin de las detenciones masivas. La Guardia Nacional utilizó gases lacrimógenos, escudos antidisturbios y arrestó a decenas de personas. Incluso se registraron incidentes graves, como el atropello de dos policías por parte de motociclistas que intentaron atravesar un cordón de seguridad.
También se reportó la agresión a la periodista Lauren Tomas, herida mientras cubría los disturbios. En total, las autoridades confirmaron al menos 56 detenciones y más de una decena de heridos entre civiles y fuerzas de seguridad.
Trump redobla su discurso de “ley y orden”
Lejos de buscar un canal de diálogo, Trump endureció su postura. En su red social Truth Social, calificó a Los Ángeles como “una ciudad invadida por criminales” y prometió liberar la ciudad de “insurreccionistas violentos”. “Vamos a tener tropas en todas partes. No vamos a permitir que esto le ocurra a nuestro país”, aseguró, y amenazó con replicar la medida en otras ciudades si fuera necesario.
Además, instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi, a tomar “todas las acciones necesarias” para garantizar el control.
California responde con una demanda federal
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda federal para frenar el despliegue militar, alegando una violación a la 10ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. que garantiza la autonomía estatal. “Trump está creando una crisis donde no la había. Busca generar caos y miedo para justificar su autoritarismo”, escribió Newsom en sus redes sociales.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusó al expresidente de utilizar la ciudad como “experimento político” y advirtió que la presencia militar “no hace más que empeorar la situación”.
También se sumaron críticas desde el Congreso. La ex vicepresidenta Kamala Harris denunció que las redadas forman parte de una agenda “cruel y calculada para sembrar miedo”, y el senador Bernie Sanders advirtió que el país se dirige hacia un “modelo autoritario sin precedentes”.
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¿Qué dice la ley?
Legalistas y expertos constitucionales expresaron preocupación por el uso del Título 10 del Código de EE.UU., un recurso que permite al presidente federalizar tropas sin consentimiento del gobernador. Aunque no es el mismo que el Insurrection Act, su utilización sin coordinación previa con el estado es inusual y, para muchos, ilegítima.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) consideró que la decisión “equivale a una declaración de guerra contra los ciudadanos de California” y advirtió que se está sentando un precedente peligroso.
¿Qué puede pasar ahora?
- Acción judicial: California presentó una demanda federal contra el gobierno por usurpación de funciones y uso inconstitucional de la Guardia Nacional.
- Movilización social: Las protestas continúan y se extienden a otras ciudades como San Diego, San José y Sacramento.
- Respuesta federal: La administración de Trump insiste en la necesidad de “ley y orden” y podría extender el despliegue militar.
- Debate constitucional: Se reavivó el debate sobre los límites del poder presidencial y el uso de tropas federales en conflictos civiles.
Un país dividido
La situación en Los Ángeles refleja una fractura cada vez más profunda en el panorama político y social de Estados Unidos. Mientras el expresidente impulsa una agenda de control y represión frente a la migración, los estados demócratas y organizaciones civiles advierten sobre el avance de prácticas autoritarias.
