Por el peso de las jubilaciones y pensiones en el Presupuesto Nacional, un recorte de 15 puntos del PBI –como promete el nuevo Gobierno– implica ajustar el gasto previsional.
Las jubilaciones, en el centro del ajuste fiscal que promete el nuevo Gobierno
Por eso, la continuidad o no de la moratoria previsional, el pago del bono de $55.000 en enero y febrero a los que ganan haberes más bajos y las partidas para el pago de las sentencias judiciales son algunos de los interrogantes inmediatos que deberá dilucidar Javier Milei apenas se instale en la Casa de Gobierno.
Luego vendrán otros puntos. Por ejemplo, como el mantenimiento o no los regímenes diferenciales (docentes, docentes universitarios, poder judicial, etc.), la fórmula de movilidad y las edades para jubilarse.
“Dentro de las muchas cosas que son necesarias para bajar el déficit fiscal, es esencial moderar el gasto previsional. La razón es que, dentro del gasto público nacional, el principal componente son las jubilaciones. No hay manera de equilibrar las cuentas públicas si no se aborda el desequilibrio previsional que, se sabe, tiende a aumentar por el envejecimiento poblacional. Un factor que complejiza aún más el tema es que el gasto previsional es rígido, ya que la jubilación es un derecho adquirido”, reconoce en un informe Jorge Colina, el actual Presidente de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) la consultora de la que fue titular Osvaldo Giordano, el designado titular de la ANSeS.
El Informe señala que “el desafío para el próximo gobierno es enorme. Como la fórmula de movilidad actualiza con retardo las jubilaciones, si la inflación se reduce, las jubilaciones tienden a recuperar automáticamente lo perdido durante la aceleración. Esta expansión del gasto público es de una magnitud suficiente como para desestabilizar la macroeconomía impidiendo sostener la estabilidad de precios. A modo de ejemplo, en el 2017 el gasto en jubilaciones ascendía a 8% del PBI con una tasa de inflación promedio anual de 27%, mientras que en el 2022 la tasa de inflación promedio anual fue del 72% y el gasto en jubilaciones cayó a 6,3% del PBI. Es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuo en los últimos 6 años”
¿Cuál es la magnitud de la caída previsional?
Según datos de la Secretaría de Seguridad Social se observa que, a valores de hoy, entre septiembre del 2017 y septiembre del 2023:
- La jubilación media se redujo un 32%, ya que pasó de $212.500 a valores actuales a solo $143.800 en septiembre del 2017.
- La jubilación mínima cayó un 38%, ya que pasó de $142.000 a valores actuales a $ 87.460.
- Si a la mínima se le adiciona el bono de $37.000 que se pagó en septiembre del 2023, la merma se reduce al 12%.
Estos datos muestran que el ajuste sobre las jubilaciones es profundo. En promedio, los jubilados perdieron casi un tercio de su haber en los últimos 6 años. Incluso quienes se benefician con el bono adicional –que discrecionalmente dispone pagar el gobierno– cobran un 12% menos que en el 2017. Usando como herramienta la muy alta inflación, el gobierno redujo el poder de compra de las jubilaciones. Mientras se anuncia el pago de bonos y esquemas de jubilación anticipada, la inflación es la que se encarga de hacer el ajuste erosionando el valor real de las jubilaciones.
Colina plantea que “una alternativa tentadora es manipular la movilidad previsional a los fines de evitar la recuperación del valor real de los haberes. Es una estrategia éticamente cuestionable y financieramente inconsistente, ya que generará juicios previsionales que finalmente implicarán expansión del gasto público. La única manera de evitar que la previsión social sea un factor de desestabilización macroeconómica, que lleva a altas tasas de inflación, es ordenando el sistema. Esto es, cambiar las reglas de organización previsional para que sean financieramente sostenible en un marco de mayor equidad”.
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