Desde el año 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner comenzó a manipular las estadísticas oficiales, las misiones del FMI dejaron de monitorear las cuentas públicas del país y esta situación llevó a la moción de censura instrumentada en el año 2011, que esta semana decidió levantar tras las correcciones llevadas adelante por el INDEC en la medición de la inflación y el PBI, entre otras variables.
En el comunicado, los técnicos del FMI elogiaron las “ambiciosas reformas emprendidas por el nuevo gobierno para establecer un marco de política económica más estable y sostenible“. Advirtieron, no obstante, que subsanar un legado de graves desequilibrios macroeconómicos, distorsiones microeconómicas generalizadas y debilidad institucional llevará tiempo, pero dejaron constancia del importante avance logrado por las autoridades.
Para el año que viene estiman una inflación más alta que la del Presupuesto, de 20,5% (el Gobierno proyecta un 17%) y un crecimiento menor, de 2,7% (frente al 3,5% oficial).
El documento reconoce que “al entrar en funciones en diciembre del año pasado, el nuevo gobierno argentino se vio enfrentado a desequilibrios macroeconómicos generalizados, distorsiones microeconómicas y un marco institucional debilitado” y que “ante esta difícil situación, las autoridades pusieron en marcha una transición ambiciosa y muy necesaria hacia un marco de política económica mejor. El avance ya logrado en 2016 es importante“.
A renglón seguido señalaron que esas “necesarias” correcciones tuvieron “inevitablemente un impacto a corto plazo desfavorable para la economía argentina“, aunque reconocieron que “la recesión actual comenzó incluso antes de que entrara en funciones el nuevo gobierno, y la opción de mantener el insostenible marco de políticas instaurado por el gobierno anterior resultaba sencillamente imposible”.
“Contra este telón de fondo, la consulta del Artículo IV se centró en la mejor manera de restablecer un crecimiento sostenido y equitativo, impulsar la creación de empleos y proteger a los pobres de los costos del restablecimiento de la estabilidad macroeconómica”, sostuvo el documento dado a conocer por el FMI.
“El gobierno ha dejado en claro el compromiso de reducir la inflación a niveles de un solo dígito para el año 2019, y ha mantenido tasas de interés reales generalmente constantes en terreno positivo; al mismo tiempo, ha recortado la tasa de política monetaria desde la primavera (septentrional) de este año a medida que los indicadores anticipados de inflación comenzaron a disminuir”, agregó el organismo multilateral.
Según las previsiones:
El organismo reconoció que a pesar de “las enérgicas medidas adoptadas y los profundos cambios que se están produciendo en la economía argentina, las perspectivas están rodeadas de una incertidumbre mayor que la normal”.
El FMI ponderó también que durante los últimos meses, las reformas estructurales han avanzado en el ámbito de la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción, las políticas de competencia y la infraestructura del mercado financiero”.
Sin embargo, “persisten cuellos de botella del lado de la oferta que podrían impedir un repunte más rápido de la inversión privada y la productividad”.
El directorio del FMI enfatizó que continuar recortando el déficit fiscal “constituye una importante prioridad”, aunque recomendó “tener en cuenta el impacto en el crecimiento, el empleo y los segmentos más vulnerables de la población”.
En ese contexto, consideraron “apropiada” la reducción paulatina del déficit fiscal contemplada por el Gobierno que llegará al 4,8% del PBI el año próximo, para cerrar con una pérdida del 0,5% en el 2019.
Para lograr una más rápida reducción del déficit, el FMI aconsejó “la adopción de un plan simple y transparente de política fiscal a mediano plazo; la racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial; la eliminación de subsidios energéticos mal focalizados y distorsivos; y el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional”.
El FMI también dejó constancia sobre “la necesidad de infundir progresividad al sistema impositivo” y una mayor claridad en las cuentas de las provincias.
El organismo, con el que Argentina no tiene créditos pendientes desde que pagó su deuda, casi u$s 10.000 millones, a fines de 2005, coincidió con los funcionarios del Gobierno “en términos generales, en que el ritmo de reducción de la inflación debe tener en cuenta los costos económicos y el impacto distributivo”, y “elogiaron los esfuerzos de las autoridades por recortar la inflación a un solo dígito en 2018“.
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