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Economía Santa Fe | Aseguradoras del riesgo del trabajo | Provincia de Santa Fe

Cada una hora, en Santa Fe se denuncian cinco accidentes ocurridos en ámbitos de trabajo

En la provincia de Santa Fe la situación laboral es alarmante. En los primeros 9 meses de 2022 se denunciaron 34.226 accidentes contra 29.005 de 2021. Los accidentes totales se incrementaron en un 15%, pero los mortales bajaron en apenas uno: 47 en 2021, contra 46 en 2022.

Los juicios por accidentes y enfermedades laborales crecieron 17,4% en 2022 pese a la ley complementaria de riesgos y los accidentes se mantienen, mientras crecen la actividad y el empleo. En la provincia de Santa Fe, cada una hora se denuncian cinco accidentes ocurridos en ámbitos de trabajo. Ante esa situación, ¿qué pasa en el sistema de riesgos laborales?

Hay varias maneras de interpretar datos y todas se manifiestan a diario en el periodismo. Compararlos contra nada comparable, contra sí mismos, en una serie temporal homogénea, contra otros vinculados y capaces de darnos su real dimensión y por supuesto una muy extendida últimamente: inventándolos o simplemente ignorándolos, porque arrugan la nota, el slogan y la ropa.

Veamos dos datos fáciles de interpretar del sistema de riesgos del trabajo. Los accidentes laborales totales (que incluyen industrias y casas particulares) y accidentes mortales, con las cifras consolidadas por el Área de Estadística de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y para dos años “comparables”, con niveles de actividad similares, dado que las cifras finales de 2002 aún no están disponibles: 2019 y 2022.

Es decir, que tanto los accidentes generales como los mortales, si bien bajaron, se mantienen relativamente estables, incluso considerando que 2020 tuvo un trimestre inicial afectado por rebrote COVID, pero durante el cual el gobierno ya no tenía la potencia política como para volver a las restricciones anteriores.

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Pero analicemos el contexto en que se producen estas cifras. Hay que decir que el sistema de riesgos posee una importante tasa de subregistro (es decir, que se declaran menos accidentes y enfermedades que los realmente existentes) y que las cifras que presenta la SRT están atadas a las denuncias efectuadas por los empleadores y las que efectivamente toman las aseguradoras de riesgos.

Pongámoslo simple, las ART cobran un porcentaje variable de la masa salarial total que paga una empresa por sus trabajadores registrados y que oscila (según la siniestralidad del rubro y de la empresa) entre el 7% y el 12%. Los asegura en función de ciertos riesgos a los que los trabajadores y trabajadoras están expuestos (es una declaración jurada del empleador y una responsabilidad de la ART verificarlos); si esos riesgos no se declaran, no se cubren ni el accidente ni la enfermedad.

Además, si aumentan las denuncias, se ajusta en alza la prima y la empresa entra en Programas de Alta Siniestralidad. Es decir que los empleadores denuncian menos de lo que deberían, las ART reconocen menos que lo que se denuncia y, por lo tanto, las cifras llegan distorsionadas a la baja.

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Sumémosle a esto que la cobertura de riesgos es solo para los trabajadores registrados con pleno goce de los beneficios de seguridad social, por lo que monotributistas (actualmente el 57% del total registrado) y los informales (un 40% del total de los trabajadores) no cuentan para las cifras del sistema, pero también se accidentan, enferman y mueren, como el trabajador de la localidad santafesina de Pérez, que hace un mes se cayó a una cloaca en la que estaba realizando tareas de mantenimiento y pertenecía a una empresa contratista que lo tenía precarizado.

Como muchas empresas de servicios, era una cooperativa (hoy habilitadas para contratar seguros de riesgos y cumplir con la Ley de Riesgos 24.557), que además no le proveyó los elementos de protección personal ni colectivos necesarios para prevenir esa muerte.

Esa muerte (si pudo preverse no fue un accidente) debería ser un juicio justo y seguro contra la contratista y la Municipalidad de Pérez, un expediente más en la litigiosidad total de un sistema y una mentalidad empleadora que supone que desprotegiendo trabajadores se protege de la litigiosidad creciente, esa que desalienta el empleo digno (es decir en blanco) y promueve la precarización. Que como todos sabemos y el neoliberalismo recita sin importar causa ni dato, siempre es culpa del Estado.

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Peritos de la AIC en el lugar donde cayó un operario en una cloaca de Pérez.

Peritos de la AIC en el lugar donde cayó un operario en una cloaca de Pérez.

Las cifras de Santa Fe en este contexto son preocupantes, pero también se mantienen estables: el diputado Carlos Del Frade también releva estadísticas de la SRT y presentó un pedido de informes al gobierno provincial por los siguientes datos: en los primeros 9 meses del año pasado se denunciaron (repetimos, no son todos los que ocurrieron) 34.226 accidentes contra 29.005 de 2021; a razón de 1 cada 12 minutos y 5 por hora; se contabilizaron un total de 46 mortales. Los accidentes totales se incrementaron en 5.221 (15%) pero los mortales bajaron en apenas 1 (47 contra 46), siempre aclarando que las estadísticas son un vicio insensibilizante y que una muerte evitable también es un escándalo.

Con comisiones médicas obligatorias y todo, sube la litigiosidad

He aquí otro malentendido en boga por estos tiempos. Creer que si la provincia adhirió a la Ley 24.447 –que dispone el paso previo, prejudicial y obligatorio de las Comisiones Médicas para dirimir reparaciones dinerarias y en especies por accidentes y enfermedades– debería bajar la accidentabilidad y pedir, ante cada incremento siniestral, que se derogue la adhesión.

La Ley Complementaria se ocupa del final del proceso, cuando la prevención falló y el trabajador ya está secuelado o fallecido, no impacta en la siniestralidad, el objetivo es reducir la litigiosidad intentando que aseguradoras y trabajadores acuerden una reparación justa y en tiempos razonables sin llegar a la tribuna que constitucionalmente deben dirimir estas cuestiones, los del trabajo.

El hecho es que si bien la accidentabilidad no se dispara, la litigiosidad en el país se incrementó en un 17,4% durante 2022 y según el IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana). Este "think tank" pertenece a la Fundación Mediterránea que presidió Cavallo y hoy dirige Carlos Melconían (¿el Ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta?), que es precisamente el lugar donde se diseñó el sistema de riegos tal como lo conocemos y donde trabajó –para la puesta en marcha del sistema– Mara Bettiol, ex gerenta de Operaciones de la SRT y actual presidenta de la UART (Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

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La actual presidenta de la UART fue uno de los cuadros que diseñó el Sistema de Riesgos , fue funcionaria de la SRT en sus orígenes y responsabiliza a la aplicación incompleta de la Ley 24.447 por el aumento de juicios / Foto: UART.

La actual presidenta de la UART fue uno de los cuadros que diseñó el Sistema de Riesgos , fue funcionaria de la SRT en sus orígenes y responsabiliza a la aplicación incompleta de la Ley 24.447 por el aumento de juicios / Foto: UART.

Según IERAL, el crecimiento fue heterogéneo, en 14 provincias cayeron los juicios (entre ellas Santa Fe con un 47,4% interanual), pero se duplicaron en Córdoba y aumentaron sensiblemente en Mendoza (50,3%), Buenos Aires (26,7%) y CABA (13,6%). Estos distritos explican más del 70% de la litigiosidad nacional.

La explicación de la UART hace foco en que no se conformaron los cuerpos de peritos forenses que garanticen la correcta aplicación del baremo para tasar incapacidades y expertos laboralistas, en que las CM de la SRT no tienen capacidad para absorber una demanda creciente pese a que se multiplicaron en todo el país hasta llegar a más de 90, ya que el sistema que en 2019 cubría 9.185.891 personas hoy atiende a 9.674.193 y el stock acumulado durante la pandemia (en que se alteraron las modalidades de inicio de trámites, audiencias médicas y de homologación) que hoy satura la instancia prejudicial, pero también los juzgados laborales (donde solo se resuelven el 15% del stock de juicios pendientes).

Más allá de la real dimensión del pasivo contingente que denuncias las ART y las Cámaras Empresarias y el contrasentido de que el Estado ponga en manos de empresas privadas –que por capitalistas, no por crueldad, ganan cuanto más ahorran en cobertura de riesgos– la salud de sus trabajadores, está claro que sin trabajo decente y si no se concentran recursos y esfuerzos la prevención de riesgos, tanto la accidentabilidad como la litigiosidad seguirán siendo problemas de imposible solución y esta última una coartada para imponer reformas flexibilizadoras como las que impulsa Juntos por el Cambio, que perjudican a los y las mismas a las que les piden el voto ayer, hoy y siempre.