En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea legislativa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó: “Aquí al campo no se le cobra Ingresos Brutos”.
Esta afirmación resulta engañosa porque, si bien el artículo 213 del Código Fiscal de la provincia establece la exención a “la producción primaria en tanto la explotación se encuentre ubicada en la Provincia de Santa Fe”, en la práctica el sector paga indirectamente este impuesto en el uso de bienes y servicios que sí están gravados.
Así lo entienden especialistas como Nicolle Pisani Claro, economista jefe de la Fundación FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina): “El productor está exento del pago de Ingresos Brutos, pero todos sus insumos no. Entonces, también termina impactando en alguna medida”, dijo a AIRE, aunque aclaró que no está cuantificada la magnitud en la que incide en las empresas del sector.
Por su parte, Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y contador público nacional, sostuvo ante la consulta de AIRE tras el discurso de Pullaro: “El problema de Ingresos Brutos es que todo lo que viene de la cadena de insumos está gravado. Entonces, nosotros no nos escapamos del impacto del impuesto”.
“No pagamos por nuestra producción primaria, eso es verdad. Estamos momentáneamente exentos de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe. Pero eso no evita que este impuesto termine afectando a la producción agropecuaria”, insistió.
Entre esos costos para el productor agropecuario se incluyen los alquileres, ya que una gran mayoría de los agricultores explotan campos de terceros. Por el cobro de estos arrendamientos, algunos propietarios están alcanzados por el impuesto, y otros no.
Este año, la actualización del Código Fiscal Tributario de Santa Fe incluyó una modificación del criterio para el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos en los arrendamientos rurales. Antes de la implementación, la Sociedad Rural local ya había advertido sobre su impacto.
Desde 2018 estaban exentos del pago quienes alquilaban hasta 5 propiedades, sin importar su extensión. Ahora, con la modificación establecida en el inciso C del artículo 177 del capítulo que aborda este impuesto, pasan a pagar quienes hayan tenido ingresos totales por más de $50 millones en el período fiscal inmediato anterior.
Algunos ejemplos para entender el efecto de la modificación: un propietario que antes arrendaba un único campo de 1.500 hectáreas estaba exento del pago, pero sí debía tributar quien alquilaba 6 unidades de 50 hectáreas.
Teniendo en cuenta que en la zona núcleo un alquiler se pacta aproximadamente en 18 quintales de soja por hectárea al año - aproximadamente $ 522.000 según la última cotización de la Pizarra de Rosario-, con el nuevo criterio un campo de más de 95 hectáreas que antes no pagaba, pasa a tributar Ingresos Brutos.
“Si bien el que paga eso sería el propietario del campo, es decir, el locador del campo, ese es un costo que se le termina trasladando siempre al locatario”, insistió Argenti.
Por estos motivos, la afirmación del gobernador Pullaro sobre el pago de Ingresos Brutos para el sector agropecuario resulta engañosa, ya que de manera indirecta los productores se ven afectados por el tributo.
Según el método de Chequeado, una afirmación es engañosa cuando coincide parcialmente con ciertos datos, pero -intencionalmente o no- ha sido manipulada para generar un mensaje en particular.