La deforestación alcanza niveles mayores en Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta.
A pesar de la Ley de Bosques, de la evidencia científica y de la creciente presión social, la deforestación sigue siendo un problema en Argentina. El año pasado, el norte del país vio como la angurria agropecuaria se llevó puestas unas 110.180 hectáreas en las cuatro provincias más afectadas por esta práctica: Santiago del Estero (52.290 hectáreas), Formosa(29.165) hectáreas, Chaco(18.068 hectáreas) y Salta(10.657 hectáreas).
Hay, además, agravantes: en Santiago, la región que concentró casi la mitad de los desmontes, más del 80% de lo que se deforestó fue hecho de manera ilegal, ya que se hizo sobre monte clasificado bajo las categorías I (rojo) y II (amarillo) del ordenamiento propuesto por ley nacional, que no permite en esas parcelas ningún cambio severo en el uso del suelo.
Los datos provienen del informe anual 2021 sobre deforestación en el norte del país que hace anualmente Greenpeace. Las hectáreas perdidas el año pasado estuvieron apenas por debajo de las que fueron arrasadas en 2020 (114.716 hectáreas), cuando ni la pandemia ni las restricciones a la circulación lograron que la tasa de desmonte en el norte argentino aflojara.
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A esto hay que sumarle que, una vez más y como hicieron todos los gobiernos nacionales desde 2008 hasta la fecha, la Ley de Bosques estará fuertemente desfinanciada este año: según detalló Vida Silvestre, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibirá por presupuesto nacional un monto de 1.212 millones de pesos, a los que se sumarán otros 120 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. Esto corresponde, apenas, al “3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”.
Según remarcó Greenpeace en su trabajo de investigación, “es importante advertir la ilegalidad de las 18.068 hectáreas deforestadas durante 2021 en Chaco”, ya que los desmontes en esa provincia se encuentran suspendidos por la justicia local desde el 16 de octubre de 2020 “ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, algo que debería hacerse según exige la Ley de Bosques.
Otro punto a tener en cuenta es que el informe no incorporó al relevamiento las superficies de boques nativos que fueron afectadas por incendios forestales. “Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades” señalaron desde Greenpeace, que reclamó que “en forma urgente” se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales.
Desde esa organización socioambiental sostienen que Argentina se encuentra en “emergencia forestal” y recordaron algunos datos que permiten entender mejor la amplitud del problema: en el año 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí se producía el 4,3% de la deforestación global, y que durante la primera década del siglo XXI fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”.
¿Qué explica la deforestación? Principalmente, el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y también para cultivos, con la soja a la cabeza. En Argentina, los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, los responsables del calentamiento del planeta.
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Además -recordó Greenpeace-, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. A eso se pueden agregar los datos suministrados por el propio ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que detallan que entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas. El 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
La sanción de la Ley de Bosques (26.331) a finales de 2007 llegó, en parte, como resultado de una fuerte presión social y de la abrumadora evidencia científica sobre la importancia de la flora nativa para el equilibrio natural del planeta. La ley obliga a las provincias a realizar planes de ordenamiento territorial (OTBN) con un sistema de semáforo que establece dónde y cómo se puede alterar el uso del suelo.
“Los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas en la Categoría III (verde), donde se permite solicitar permisos de desmonte” destacó Greenpeace en su informe anual, que también señala que son pocas las provincias que mantienen su OTBN actualizado (debería hacerse cada 5 años).
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“Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. En 2020 se produjo un crecimiento importante de la perdida de bosques, debido a la gran cantidad de incendios” denunciaron desde la organización.
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