La nueva ley (que debe ser ratificada aún por el Senado) se basa en dos conceptos que van de la mano: regionalización y gradualidad. Esto se traduce en cierta flexibilidad para establecer distancias posibles de fumigación según se trate de zona urbana, rural o periurbana, pero sobre un piso más exigente que el que plantea la ley vigente, que data de 1995.
En principio, las aspersiones aéreas quedarían prohibidas a menos de 3000 metros de centros habitados, con posibilidad de reducir esa distancia a 2000 metros según los casos. Para las aplicaciones terrestres el objetivo del proyecto es pasar de los actuales 500 metros a 1000, pero de manera gradual.
Para los ambientalistas, “es un avance”
Si bien las organizaciones ambientalistas de la provincia han presentado un proyecto propio que no fue el que resultó votado, no ven con malos ojos que avance la propuesta de Mascheroni, con la que acuerdan en general, aunque difieren en varios puntos. “Si bien el proyecto no es tan completo como el que impulsábamos, creemos que da respuesta a la necesidad de defender la salud de las/los más afectadas/os” manifestaron desde Paren de Fumigarnos.
Así lo expresó también el abogado Rafael Colombo, de la ONG Capibara, para quien “es un avance en relación a la legislación vigente” a pesar de no satisfacer algunos puntos a su juicio fundamentales como la prohibición total de las aspersiones aéreas.
Otro punto de discordia es el de las distancias habilitadas para la fumigación, un concepto no tan central en el proyecto votado: “La discusión en torno a las distancias a nosotros nos parece relevante, así como la categorización de los herbicidas. Pensamos que no hablar de distancias va a favor del discurso de la Buenas Prácticas Agrícolas que defienden las entidades del campo”.
El diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fue uno de los que presentó la propuesta de las organizaciones ambientalistas. En este caso, decidió votar a favor del proyecto de Mascheroni, aunque también dejó en claro algunas diferencias. “Creemos que esto es más una adecuación de la ley que la política respondiendo a la realidad, y la realidad es que las fumigaciones con agrotóxicos tienen un costo ambiental y de salud muy grande” dijo, para agregar que es un debate “con 25 años de mora”.
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El diputado Carlos del Frade fue uno de los legisladores que presentó el proyecto impulsado por las entidades ambientalistas.
Del Frade señaló además que la autoridad de aplicación de la nueva normativa no debería ser el ministerio de la Producción sino el ministerio de Medioambiente para dejar en claro qué se prioriza, “si la salud y el medioambiente o la rentabilidad de los productores”. A pesar de esos reparos, de todas formas su bloque apoyó el proyecto, al que consideró como “un adelanto”.
Entidades rurales, en contra
La media sanción no cayó bien en las entidades que componen la Mesa de Enlace, que se sienten representadas por el proyecto de Bertero. Así lo expresó Luis Mántaras en representación de Carsfe, la Confederación de Sociedades Rurales de la provincia.
“Se aprobó muy a fin de año sin debate previo, las cuatro entidades de la producción pedimos audiencia en la Comisión de Agricultura de las dos cámaras hace un año y jamás nos convocaron y ahora nos enteramos sobre la marcha de esto”, se quejó.
Para el dirigente, se trata de una problemática “muy compleja que no se puede medir sólo en distancias” ya que tiene que ver con sistemas enteros de producción.
Mántaras recordó que en su momento la denominada ley Bertero había sido trabajada y consensuada entre las entidades y el arco productivo: “Fue el proyecto que más se trabajó, pero inexplicablemente perdió estado parlamentario”.
También se mostró sorprendido por “el doble juego del oficialismo”, ya que -según puntualizó- “mientras que el gobierno de Lifschitz trabajó en la línea de las Buenas Prácticas, sus legisladores votaron a favor de otro proyecto”.
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