El comunicado
“El rechazo se basa en un principio democrático y en un principio precautorio. El principio democrático plantea que la ciudadanía y sus representantes son los únicos que tienen legitimidad para fijar las reglas básicas de estructuración del orden social; máxime cuando se convoca que la “esencia” del Estado “se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama.” Este principio democrático pone límites férreos al Poder Ejecutivo que no puede modificar ni establecer reglas que tengan como horizonte la fijación o transformación de las bases mismas en relación al “monopolio de la fuerza”. Sólo la ciudadanía y sus representantes en el Congreso de la Nación tienen la legitimidad para hacerlo en base a las constricciones fuertes que también les fija la Constitución Nacional.
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