Pablo en 2022, con 35 años, llevaba una vida completamente normal: era diseñador gráfico, director creativo en una empresa, sociable y saludable. Sin embargo, un día sufrió un episodio repentino que cambió su vida para siempre.
Eduardo contó que, tras desvanecerse en su lugar de trabajo, su hermano fue internado de urgencia. En pocas semanas pasó de caminar con muletas a necesitar silla de ruedas, asistencia total para movilizarse y cuidados permanentes.
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Los estudios confirmaron un diagnóstico devastador: ataxia cerebelosa idiopática, una enfermedad que provoca la muerte progresiva de neuronas motoras y no tiene tratamiento posible.
“A los tres o cuatro meses el neurólogo nos dijo que el cuadro era irreversible. Ahí Pablo empezó a pedir morir. Desde una temprana etapa, él ya tenía decidido que no quería vivir así”, relató Eduardo.
Hoy Pablo mueve apenas los dedos de una mano y depende completamente de otras personas para cualquier acción básica.
“Me pidió que lo ayudara a morir”: el momento más difícil
Eduardo aseguró que en enero de 2023 su hermano le suplicó que lo ayudara a quitarse la vida. En ese momento la eutanasia aún no era legal en Uruguay.
“Es algo que no estás preparado para escuchar. Pero yo lo entendía. Su vida es de dependencia absoluta. En su lugar, yo también pediría lo mismo”, confesó.
La ley ya está aprobada, pero falta la reglamentación
Uruguay se convirtió recientemente en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia. Sin embargo, el Ejecutivo tiene 180 días para publicar el decreto reglamentario que definirá el protocolo de actuación, los medicamentos a utilizar y los pasos administrativos.
La familia sabe que ese plazo aún no se cumplió, pero Pablo ya no quiere esperar.
“Él dice que quiere morir ahora. Pero no podemos avanzar hasta que los procedimientos estén definidos”, explicó Eduardo, quien ya consultó con la obra social y recibió la misma respuesta.
