A cuatro años de la tragedia de Monticas que le costó la vida a 13 personas, sobrevivientes y familiares realizaron un homenaje y pidieron justicia en la terminal de ómnibus de Casilda. Hubo un momento de recogimiento en el que sonaron las sirenas de los bomberos a las 10:45, hora precisa del choque.
Se cumplen cuatro años de la tragedia de Monticas.
La Justicia aún no logró esclarecer las causas del fatídico siniestro vial ocurrido el 2017, cuando dos colectivos de esa empresa chocaron de frente en el kilómetro 779 de la ruta 33, entre Pérez y Zavalla. Si bien el 2018 imputaron a cinco personas, entre ellos empleados y funcionarios de la empresa, la causa judicial no avanzó demasiado.
La investigación del accidente de Monticas quedó a cargo del fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos de Rosario. El funcionario ordenó una serie de pericias cuyos resultados recién se conocieron al final del 2018. Los informes concluyeron que el accidente se produjo por una falla mecánica: el reventón del neumático delantero izquierdo de uno de los micros, perdió estabilidad y se cruzó de carril donde impactó con el otro micro de la misa empresa.
Uno de los coches terminó en una profunda zanja que agravó el resultado del siniestro. Con esa evidencia clave, en diciembre Jurado posó su hipótesis sobre cinco responsables de la empresa Monticas. Les endilga la coautoría del delito de homicidio culposo, agravado por multiplicidad de víctimas fatales.
Ante un planteo de la defensas, que solicitaron la “invalidación de las imputaciones”, el juez de Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), Pablo Pinto, resolvió rechazarlas. En esa instancia el fiscal remarcó la conducta “negligente e imprudente por omisión de vigilancia, control y supervisión correspondiente de los coches”, alegando que de hacerlo se podría haber evitado el fatal accidente.
“Los imputados tenía un rol preponderante dentro de la empresa con relación al mantenimiento de las unidades”, manifestó entonces Jurado, y agregó que las evidencias eran “contundentes”. Los imputados, que transitan el proceso en libertad, son Juan Antonio C., director de Monticas; Pablo César D., en su rol de jefe de operaciones; Carlos L., jefe de Taller y miembro del directorio; Alejandro L., presidente de Monticas, y Raúl R. vicepresidente de la firma.
Sin embargo, la pesquisa se estancó. Y mientras tanto los asesores letrados de Monticas se encargaron de responder ante las reclamaciones económicas de las víctimas y los familiares. En todos los casos formalizaron la reparación económica integral, pero el acuerdo establecía que debían desistir de la acción penal. Eso se explica que la causa tiene hoy un solo querellante, como el juicio por la tragedia de Salta 2141.
En 2019 se desarrolló una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, de la cual participaron los imputados, sus defensas y el fiscal Jurado. En esa instancia el juez Pinto aceptó como querellante a los abogados Ignacio Arrondo y Fernando Braconi, en representación de Maricel Genga y de Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga, sobreviviente del accidente.
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La mujer, de 42 años, artesana y bailarina de danzas árabes, sufrió lesiones irreparables, y permanece en estado vegetativo en su casa de San José de la Esquina, sin habla ni movilidad y se alimenta por sonda. En la habitación donde permanece inerte se montó una estructura sanitaria para velar por su cuidado. Un drama por donde se lo mire.
El fiscal no se opuso y se aceptó a la familia Genga como querellante. Pero en esa misma audiencia también formalizaron la misma pretensión la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad); la Municipalidad de Casilda, y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En líneas generales las instituciones argumentaron que pretendían formar parte del proceso al ser damnificados directos por el personal docente fallecido y lesionado en el siniestro, ampliándolo a toda la comunidad universitaria que se trasladaba entre Rosario, Casilda y Pérez. Y que Monticas prestaba un servicio monopólico o cuasi monopólico en condiciones deficientes, que la misma UNR había alertado sobre los potenciales riesgos.
Pero el fiscal se opuso porque entendió que no estaban legitimados. En el caso de la UNR, según el funcionario, no tiene como objeto la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal que se imputó, sino la de garantizar la educación a nivel universitario y la formación de profesionales de carrera, no encontrándose ni penalmente ofendida por la comisión del delito ni como heredera de los ofendidos, ni como representante de los mismos ni como víctima. Los defensores en bloque adhirieron a esa apostura y también se opusieron.
Finalmente, el juez Pinto decidió admitir a la familia Genga como querellante, pero rechazó a la UNR, a la Municipalidad de Casilda y a Coad. Argumento sobre dos cuestiones: “El objeto procesal que constituye la plataforma fáctica y jurídica sobre la cual se desarrolla la investigación Fiscal”, y “que no están legitimados” porque “ninguno reviste la calidad de ofendido por los delitos investigados.
Las trabas del proceso
Retomando las trabas del proceso, Arrondo se mostró molesto porque advierte arbitrariedades. “La Fiscalía nos dificulta el acceso a copias de la causa, cuando sabemos que detrás de Monticas hay un bloque de abogados que cuentan desde el primer momento con esa información. Además, se demora el pedido de análisis sobre la ampliación de las imputaciones a personal de los organismos oficiales y del Estado encargados del control técnico de los micros de Monticas”, cuestionó el profesional.
Es que la querella solicitó formalmente a la Fiscalía que avance sobre otras líneas de responsabilidades en relación al rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt); de Vialidad provincial y nacional; de la secretaría de Transporte de la provincia, y de la subsecretaría de Transporte de empresas interurbanas.
“Esto fue un final anunciado. Los colectivos tenían un estado deplorable, pasaban todos los días por muchas localidades cuyas vecinos y usuarios habían realizado innumerables denuncias y reclamos, pero nadie hizo nada para evitarlo”, se lamentó el letrado.
Cuando se cumplieron tres años en el 2020, Aire de Santa Fe habló con Adriana Liborio, integrante de la ONG Prohibido Olvidar de Casilda aseguró que "estos 13 muertos dejan una herida muy grande y los corruptos siguen sin pagar. El transporte mejoró en el sentido de que compraron unidades nuevas unidades, porque hasta otras empresas se asustaron y mejoraron las que tenían. Pero en otros aspectos esta todo exactamente igual como hace cuatro años atrás o más, estamos con leyes de 1953, una ridiculez".
Respecto de la empresa Monticas, contó que previo al accidente recibía acusaciones desde hace años, la gente se bajaba, pedía libro de quejas y trataba de denunciar, pero la respuesta que recibían era "escribilo, total nadie va a leer nada" y terminó en esta tragedia.
Según la postura de Arrondo, el accidente se dividió en dos planos trágicos. “Hay un primer momento cuando se revienta el neumático y el colectivo se desplaza. El otro, cuando cae a la banquina de ocho metros de profundidad. Esto último provocó el desarme interno del micro, la voladura de hierros que provocaron amputaciones, heridos graves y muertes. Lo dicen claramente los testimonios de los sobrevivientes. El estado de esa banquina también fue un factor clave, y eso tiene responsables” recalcó.
Las víctimas de la tragedia de Monticas
En uno de los mayores siniestros viales de la provincia de Santa Fe, esa mañana del 24 de febrero murieron 13 personas: Aníbal Pontiel, de 53 años (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Gabriela Márquez, de 25 años (Casilda); Cintia Albornoz, de 38 años (Rosario); Natalia Angiorama, de 31 años (Mar del Plata); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). Vidas que se apagaron abruptamente en un hecho evitable.
Entre los fallecidos había madres, padres, trabajadores, docentes, estudiantes, jubilados. Otros 34 pasajeros sufrieron heridas de consideración y fueron derivados a distintos hospitales de Rosario y la región. Se generó pánico entre los familiares de los usuarios de ese precario servicio de transporte, se abarrotaron los hospitales. Apenas se identificó a las víctimas, las autoridades difundieron las planillas con sus nombres y dónde estaban internados.
Aunque ya era tarde, una semana después del siniestro la provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas. Se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al fallecido empresario rosarino Agustín Bermúdez.
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