A más de un mes de los disturbios generados en Jujuy por la reforma parcial de la Constitución de esa provincia, dos dirigentes sociales fueron sentenciados por un juzgado contravencional.
El intenso clima vivido en Jujuy por las protestas en el marco de la reforma constitucional cesó.
De esa manera, se les impusieron multas que alcanzan los 2.640.000 de pesos por participar de las protestas a Miguel Ramos, integrante de la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD), y Leonardo Rosales, del Movimiento Rebelión Popular (MRP).
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La sentencia fue dictada en el marco del código contravencional que rige en la provincia de Jujuy, por el cual diversos sectores gremiales, sociales y políticos presentaron días atrás un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Los abogados defensores de los dirigentes sociales adelantaron que se apelará la resolución luego de conocer los fundamentos que esgrime el órgano creado por el gobernador Gerardo Morales.
"Salimos de un juicio contravencional de una causa armada como ya nos tiene acostumbrado este Gobierno de Gerardo donde se nos impuso una multa como sentencia de 2.640.000 pesos", denunció Miguel Ramos tras ser notificado de tal resolución.
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El dirigente social e integrante de la Biblioteca Niños Pájaros que desarrolla actividades educativas y culturales en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, refirió que es el "segundo juicio que recibimos integrantes de nuestra organización".
"Este es el Gobierno en Jujuy más perverso y el que ha trabajado sistemáticamente la persecución perversa que nos hacen", expresó y advirtió que las deudas millonarias "es algo impagable para cualquier trabajador".
"Por más que la multa haya sido de mil pesos, tampoco tendríamos que pagarla puesto que estaríamos admitiendo que protestar es un delito", manifestó Ramos para luego defender "la protesta social y el hecho de pensar diferente".
