Una inspección realizada a fines de enero detectó que en la cárcel de mujeres de Rosario no había agua potable. Debido a ello, alrededor de 70 mujeres y cuatro niños sufrieron episodios de gastroenteritis.
El juez penal Nicolás Foppiani ordenó al Poder Ejecutivo de Santa Fe que establezca y asigne una partida presupuestaria –con la mayor celeridad– para la provisión de agua potable a las personas alojadas en distintos centros penitenciarios de la provincia, para lo que dispuso de un plazo de 30 días para gestionarla.
La medida es en respuesta a un planteo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a cargo de Jaquelina Balangione, y a un habeas corpus interpuesto por el defensor público Francisco Broglia.
En los últimos días, el Servicio Provincial de Defensa Penal tomó conocimiento de distintas situaciones que no sólo agravaban las condiciones de detención si no que generaban un tenso y angustiante clima dentro de pabellones penitenciarios, tanto por la falta de agua como también porque se comprobaron afectaciones a la salud de las personas y varias situaciones de amotinamiento.
El recurso de habeas corpus se orientó a resguardar a las personas alojadas en el Complejo Penitenciario de Rosario, espacio que alberga a la Alcaidía, la Subunidad Penal Nº 3 y la Unidad Penitenciaría de Mujeres. Sin perjuicio de ello, sienta precedente para todas las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe en lo que refiere al respeto de los derechos esenciales y al establecimiento de un piso mínimo.
“La problemática fue escalando desde el 26 de enero a la fecha”, indicaron desde el Servicio Provincial de la Defensa Penal. “A partir de las denuncias realizadas por internas de la Cárcel de Mujeres de Rosario, la Defensa Pública presentó un habeas corpus en el que señaló que las mujeres no poseían agua, un elemento esencial para hacer frente a las altas temperaturas en esta época del año. Debido a ello, alrededor de 70 mujeres y cuatro niños sufrieron episodios de gastroenteritis, principalmente en estos dos espacios señalados. A ello se agrega que un niño se encuentra internado debido a un virus”.
En lo que a la audiencia respecta, el defensor Broglia enfatizó que el 30 de enero realizó una inspección junto a otros integrantes de la Defensa Pública para monitorear el estado de situación de los pabellones Nº 3 y de madres que se encuentran alojadas junto a sus hijas e hijos. En ese sentido, informó que los problemas de suministro de agua potable continuaban y que seguía contaminada.
Al respecto, señaló que “las internas refirieron que continuaban recibiendo bidones de agua no potabilizados, en escasas cantidades y que su consumo produjo malestar estomacal por contaminación”. Al mismo tiempo, añadió que “los controles médicos no se brindaban de manera continua, a la vez que no se estaba respetando la dieta establecida para las mujeres y niños que habían contraído el virus”.
Por ello, el defensor solicitó que el Servicio Penitenciario brinde una solución definitiva al problema y un plan de contingencia urgente para asegurar agua suficiente y en bidones cerrados para no continuar afectando la salud en población penitenciaria. Por último pidió que se retome la asistencia médica y la dieta para las personas que continúan padeciendo los efectos de la gastroenteritis.
Desde el SPPDP señalaron además que “la falta de provisión de agua potable es un problema de vieja data que el organismo denuncia de manera continua. Ello además, es consecuencia de los problemas que genera la superpoblación en los espacios de encierro, particularmente en la cárcel de mujeres de Rosario, que alberga 237 internas con una capacidad para 171 (excedido en 66 internas)”.
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