El fiscal rosarino Ramiro González Raggio apretó públicamente al periodista Rodrigo Miró para que no publique una nota en la que ni siquiera estaba trabajando. Además, lo cuestionó en las redes sociales (“Si necesitas una nota de mi parte, no es necesario que acudas a nadie más que a mí”) y a renglón seguido amenazó lisa y llanamente con llevarlo a la Justicia: “Si sacás una nota difamante, te aplico la teoría de la real malicia con lo que serías pasible de responsabilidad civil por daños y perjuicios”.
Las publicaciones del fiscal González Raggio en su cuenta de Twitter, el martes por la tarde, causaron un gran revuelo en la ciudad del sur provincial y merecieron el repudio de varios periodistas que salieron a apoyar a su colega Miró, quien se desempeña en las radios Sí 98.9 y FM 103.3 Radio UNR y en los portales de noticias Rosario Plus y Red Boing.
El fiscal Ramiro González Raggio se desempeña en la unidad de delitos contra la integridad sexual del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.
El primer mensaje dice textualmente: “Al periodista Rodrigo Miró, si necesitas una nota de mi parte, no es necesario que acudas a nadie más que a mí. Con todo el cariño y el respeto que un ser humano que no te conoce puede tenerte”.
El segundo posteo sigue así: “Ya lo dejo asentado porque si vas a hacer una nota sobre mí sabiendo que estoy dispuesto a contarte mi trayectoria y mi vida, y aun así sacas una nota difamante, te aplica la teoría de la real malicia con lo que serías pasible de responsabilidad civil por daños y perjuicios”.
En los siguientes mensajes el fiscal menciona un caso judicial de 1964 (Sullivan vs. New York Times) que sentó las bases de la real malicia, una doctrina que cayó en desuso a partir de las sucesivas legislaciones nacionales e internacionales que buscan ampliar al máximo posible la protección de la libertad de prensa.
“Me da la sensación de que él tuviera algo que esconder”
“El tuit del fiscal González Raggio es una cosa insólita e inédita”, sostuvo el periodista en diálogo con AIRE. “No tengo recuerdos en la provincia de Santa Fe de que un fiscal haya advertido qué tenemos que publicar los periodistas y avisar de antemano que, si voy a publicar algo, me va a hacer una presentación por real malicia por una supuesta nota en contra de él que ni siquiera escribí”.
“Me da la sensación de que él tuviera algo que esconder y se asustó, pero no termino de entender por qué”, agregó Miró.
Si bien el periodista aún no logró reconstruir los pasos previos que llevaron al fiscal a realizar esas publicaciones en las redes sociales, Miró sospecha que se trata de un gran malentendido que llevó a González Raggio a concluir que el periodista estaba investigado su actividad como funcionario público con la presunta intención de publicar una nota crítica.
“Yo escribo sobre temas judiciales, pero no sobre delitos sexuales que son los que él tiene en su Fiscalía. Jamás cubrí ninguna nota que tenga que ver con alguna de las causas que él llevó adelante”, explicó el periodista.
¿Censura previa o mecanismos de coacción?
Previo a la publicación del tuit, el fiscal lo había llamado por teléfono al periodista con la misma intención: advertirle respecto a la publicación de una hipotética nota que en ningún momento existió en realidad.
“A mí no me corresponde opinar sobre cómo debe manejar sus redes sociales un fiscal, pero entiendo que es un funcionario público y que debe guardar ciertas formas. Es algo inédito, inaceptable, que un fiscal determine qué se puede escribir y qué no y que anticipe que va a tomar medidas sobre lo que supuestamente va a escribir un periodista. Me da la sensación de que se quiere remontar a la época de la censura previa”, añadió Miró.
Aún azorado por la intempestiva reacción del fiscal González Raggio, el periodista Rodrigo Miró ensayó la siguiente conclusión: “Él pensó que yo estaba preparando un artículo en contra de él por su actuación como fiscal, por casos que presuntamente podría no haber investigado. Yo no sigo casos de delitos sexuales, pero en la conversación me dijo que me venía siguiendo y mencionó algunos artículos sobre temas judiciales que yo había publicado entonces, supuso que iba a publicar una nota en su contra”.
Consultado por AIRE, el abogado constitucionalista Domingo Rondina aclaró que, si bien se trata de un hecho repudiable, no puede configurarse como un caso de censura previa “porque el fiscal no puede impedir que se publique. Nosotros hablamos de mecanismos de coacción o de presión para no publicar”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace pocos meses, acaba de impedir los juicios de indemnización contra periodistas. Cambió la jurisprudencia, lo de Sullivan contra el New York Times está anticuado. La indemnización, por lo menos en Latinoamérica, ya no corre más”, agregó el especialista.
Rondina dejó en claro que “la aplicación de la norma civil debería hacerse de acuerdo con estándares interamericanos, de modo que las indemnizaciones civiles no impliquen una inhibición o autocensura de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”.
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