Este viernes se cumplen 11 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, y organismos de Derechos Humanos y familiares del joven siguen luchando para que la investigación no se abandone.
La directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, criticó este viernes la "actitud corporativa" de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense y de la Procuración General, al haber rechazado el jury de enjuiciamiento para las dos fiscales y para el juez que intervinieron en la causa por la desaparición de Luciano Arruga.
La abogada aseguró que "no estuvieron dispuestos a que se ventile públicamente para saber si los funcionarios judiciales cometieron irregularidades durante el proceso" y que dejaron a la "familia sola una vez más".
Además, la flamante directora del CELS dijo que el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lazzari, le exigió a la familia del adolescente una suma de 250.000 pesos para que continúe el trámite del enjuiciamiento, por las costas que las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli y el juez Gustavo Banco puedan tener durante el proceso.
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"Vamos a hacer una presentación para que eso no sea un impedimento para que se haga el Jury porque ni la familia ni el CELS tienen ese dinero, todo es una traba constante", afirmó Litvachky.
Por último, la letrada sostuvo que el Jury está "al borde" de llevarse adelante si es que la Justicia lo permite y de esa manera establecer si los funcionarios no cumplieron con sus deberes.
Desaparición forzada
En la madrugada del sábado 31 de enero de 2009, Luciano Arruga, de 16 años, volvía a su casa en la localidad bonaerense Lomas del Mirador, después de estar con sus amigos. Nunca llegó. Tras cinco largos años de búsqueda por parte de la familia, el cuerpo de Luciano fue identificado recién el 17 de octubre de 2014 en el Cementerio de de la Chacarita.
Había sido enterrado el 3 de febrero de 2009 como “NN” luego de haber sido enviado al hospital Santojanni, en el barrio porteño de Liniers. Lo habían ingresado como atropellado por un auto y operado el 1 de febrero.
Las primeras hipótesis del caso apuntaron a la policía bonaerense: no sólo por la desaparición sino también por la costumbre de reclutar de jóvenes para delinquir, algo de lo que Luciano no quiso ser parte. Por su desaparición se abrió una causa judicial contra ocho policías de la provincia de Buenos Aires. La investigación del delito fue “desaparición forzada de persona”.
Los involucrados en la causa son los subtenientes Daniel Vázquez y Oscar Fecter de Lomas de Zamora, los subcomisarios Néstor Díaz de Esteban Echeverría y Ariel Herrera de Morón, los oficiales Martín Monte de Pompeya y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz de Morón.
El fiscal Carlos Stornelli los pasó a disponibilidad en abril de 2010, pero en julio de ese año fueron reincorporados a la fuerza policial en otras jurisdicciones. La última vez que se lo vio a Luciano fue cerca del destacamento de Lomas de Zamora.
Meses antes a su desaparición, el 22 de septiembre de 2008, había estado detenido en el mismo lugar, donde fue torturado por negarse a robar para la policía. La hermana de Luciano, Vanesa Orieta, relató cómo escuchó los gritos de dolor y desesperación de su hermano desde su casa.
En 2015, la familia logró llevar a juicio al policía Julio Diego Torales, condenado a diez años por haber torturado a Luciano antes de su desaparición, pero sobre su desaparición y posterior muerte, no hay ni una persona imputada.
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