Diputados piden suspender todo tipo de apoyo estatal a la organización Grávida
Una niña de apenas 12 años, abusada por su padre, pidió que se le realice un aborto. Pero todo se demoró cuando el Estado perdió contacto con el caso por la intervención de una organización "provida".
El caso de la niña de 12 años, oriunda de la localidad de Garibaldi (departamento Castellanos), embarazada a partir del abuso ejercido por su padre y dispuesta a abortar, sigue generando repercusiones institucionales. Sobre todo, por la intervención de la organización "provida" Grávida y el rol que jugaron los organismos del Estado santafesino encargados de garantizar los derechos de la niña abusada.
En este contexto, los diputados provinciales Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Agustina Donnet (Igualdad) y Rubén Giustiniani (Igualdad), elevaron una nota al gobernador Omar Perotti, en la que realizan una serie de cuestionamientos a la labor del Gobierno de Santa Fe en este caso y piden que se suspenda cualquier tipo de apoyo oficial a Grávida, a la Casa Hermanas de Betania (lugar en donde se alojó a la niña víctima), y a todo tipo de institución vinculada con la organización Grávida.
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"Resulta evidente que el acompañamiento y el monitoreo del caso a la víctima y su madre por parte de las autoridades estatales en cumplimiento de deberes legales, fracasaron rotundamente. La captación de la niña y de su madre por la organización Grávida, luego de haber radicado la denuncia de abuso y manifestar clara e indubitablemente su voluntad de acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo -en el momento previsto-, privó a la niña a acceder a ese derecho al mismo tiempo que obstaculizó la actuación del Estado provincial", plantearon los legisladores.
Lo cierto es que los diputados Palo Oliver, Del Frade, Donnet y Giustiniani pusieron su mirada en un comunicado emitido por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por el Ministerio de Salud y el de Igualdad, Género y Diversidad, en el que se explicó que "los tiempos previstos (...) para acceder a la interrupción legal del embarazo (...) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".
En este sentido, los legisladores advirtieron que "el texto cita una figura jurídica inexistente", como la " objeción de conciencia de una asociación no gubernamental", como es Grávida.
¿Qué le piden los legisladores a Perotti a partir del caso de la niña de Garibaldi?
Frente a estas circunstancias, los legisladores pidieron al gobernador Perotti lo siguiente:
- La garantía de cumplimiento estricto de los procedimientos legales, en especial, el ejercicio del derecho de la niña a ser oída, y las demás instancias que se generen en el proceso de Interrupción legal del embarazo.
- La inmediata revisión de los procedimientos y los actos desarrollados por los organismos interviniente e individualmente de los funcionarios a cargo de los mismos, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades por incumplimientos normativos.
- Que el Estado provincial aporte todos los antecedentes necesarios para acreditar si la ilegal intervención de Grávida en el caso fue avalada y/o facilitada a partir de acciones y/u omisiones de funcionarios con responsabilidad directa sobre la situación de vulneración de la víctima y su grupo familiar.
- Un informe sustanciado de los fundamentos y la oportunidad en la que se dictó la medida de protección excepcional transitoria por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del grupo familiar de la víctima.
- La inmediata suspensión y no renovación de cualquier tipo de convenio/subvención entre el Estado Provincial y Grávida, la Casa Hermanas de Betania (lugar en donde se alojó a la niña víctima), y de todo tipo de institución vinculada a la organización Grávida.
- La remisión al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de todos los antecedentes administrativos relacionados con el caso y la colaboración necesaria y suficiente a los efectos de la investigación de los hechos perpetrados por miembros de Grávida.
- La urgente implementación de la Ley Nacional 26.150 que establece el derecho de todas las personas que estudian “a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
"Resulta imperioso que la respuesta que reciba la sociedad sea contundente y palmaria de la vocación de las autoridades por el cumplimiento de las leyes y el acompañamiento de las mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo", remarcaron en la nota.