Bajar la edad de imputabilidad, ¿solución o atajo?: el análisis jurídico del debate sobre menores y delito
Los recientes hechos de violencia protagonizados por menores en Santa Fe volvieron a poner en el centro del debate la edad de imputabilidad en todo el país.
Imagen ilustrativa. La definición de la edad de imputabilidad es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación.
Los recientes hechos de violencia protagonizados por menores de edad en la provincia de Santa Fe reactivaron un debate de fondo que atraviesa a la política, al sistema judicial y a la sociedad: la edad de imputabilidad y las respuestas del Estado frente a delitos de extrema gravedad.
Episodios ocurridos en las últimas semanas, entre ellos el ataque a una adolescente de 15 años en San Cristóbal y el crimen de Jeremías Monzón, volvieron a colocar el tema en el centro de la agenda pública y anticipan una discusión que tendrá al Congreso de la Nación como escenario inevitable.
“El derecho penal no puede resolver solo estos problemas”
En ese contexto, una de las voces que aportó una mirada jurídica y crítica fue la de Alejandro Otte, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, quien advirtió sobre los riesgos de reducir el debate a una respuesta meramente penal.
Desde el inicio de su análisis, Otte marcó distancia de los abordajes simplificados. “No sé si corresponde únicamente desde el lado del derecho”, señaló, y sostuvo que cuando al sistema penal se le delegan problemas complejos de manera urgente, “los resultados no han sido los mejores”.
En ese sentido, planteó que la discusión sobre la imputabilidad debe abordarse de manera interdisciplinaria. “Estamos hablando de la vida de los menores, de definir a partir de qué edad una persona va a responder penalmente”, remarcó, y consideró indispensable sumar miradas de la sociología, la psicología y otras disciplinas.
Qué dice hoy la ley y cómo funciona el sistema juvenil
Al referirse al marco legal vigente, Otte recordó que la definición de la edad de imputabilidad es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. “Hoy está vigente la Ley 22.278, sancionada en 1980, que establece que los menores de entre 16 y 18 años tienen responsabilidad penal por delitos cuya pena máxima supere los dos años”, explicó.
Las madres de Jeremías Monzón y Delfina piden bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En cuanto al funcionamiento del sistema en Santa Fe, señaló que desde el año pasado rige la Ley 14.228 de Proceso Penal Juvenil, que adecuó el proceso penal de adultos a los menores. “Este proceso prevé institutos diferentes, tanto en la forma de abordar el conflicto como en las respuestas del Estado”, indicó.
Según detalló, el sistema establece primero un juicio de responsabilidad, para determinar si el menor puede responder penalmente, y luego una etapa sancionatoria. “No se trata de replicar automáticamente el sistema de adultos”, aclaró.
“El derecho penal siempre llega tarde”
Uno de los pasajes más contundentes de la intervención de Otte estuvo centrado en la función del derecho penal. “El derecho penal llega tarde con los mayores y también llega tarde con los menores”, afirmó, y sostuvo que los hechos recientes demuestran la necesidad de políticas preventivas más profundas.
Manifestación de familiares y allegados a Jeremías Monzón.
“La clave nunca estuvo solamente en las sanciones”, graficó, y agregó que el Estado debe trabajar antes de que el delito ocurra, a través de educación, políticas sociales y otros mecanismos de intervención. “Si no, el derecho penal aparece cuando el daño ya está hecho”, insistió.
Al mismo tiempo, subrayó que en los casos que involucran delitos contra la vida o la integridad física, la intervención estatal debe ser responsable y siempre guiada por el interés superior del niño.
Límites internacionales e infraestructura inexistente
Otte también advirtió que cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad tiene límites claros. “Nuestro país está sujeto a convenciones internacionales”, recordó, y explicó que esas normas establecen que la edad mínima no puede ser inferior a los 14 años.
Además, puso el foco en un aspecto importante: la falta de infraestructura. “Si no hay infraestructura, la respuesta va a quedar en el papel”, alertó. En ese punto, planteó un interrogante central: “¿Infraestructura para qué? ¿Para sancionar, para resocializar, para intervenir con medidas terapéuticas?”.
Según señaló, no todos los menores que cometen delitos graves responden a los mismos contextos ni a las mismas trayectorias, y cualquier reforma debería contemplar esas diferencias.
El planteo del Gobierno provincial, sobre el debate
El debate también fue abordado desde el Ejecutivo santafesino. Este miércoles 7 de enero, durante la habilitación de una nueva base operativa del Comando Radioeléctrico en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió a los recientes episodios de violencia y pidió diferenciar los distintos fenómenos que se agrupan bajo esa categoría.
Cococcioni sostuvo que no todos los hechos responden a una misma causa y que la respuesta estatal debe contemplar contextos diversos, como violencia interpersonal, intrafamiliar, consumo de alcohol o economías ilegales. Sin embargo, al referirse a los casos que involucran a menores no punibles, fue categórico al señalar que el esquema actual deja al Estado con herramientas muy limitadas frente a delitos de extrema gravedad.
“No estamos diciendo que esto se solucione automáticamente bajando la edad de imputabilidad”, aclaró, pero insistió en que debe existir algún tipo de instancia de responsabilización cuando se cruza un umbral de violencia desmedida. Para el ministro, se trata de un debate complejo que excede a la seguridad pública y que involucra factores sociales, culturales y familiares.
En el cruce entre la urgencia social, la presión política y las advertencias del derecho penal, la discusión por la edad de imputabilidad vuelve a instalarse como uno de los ejes que marcarán la agenda política y legislativa de 2026, sin respuestas simples ni consensos inmediatos.
