Conflicto por el nuevo edificio para los Tribunales de Santa Fe: acusaciones cruzadas y final abierto
Una acordada de la Corte que reservó el nuevo edificio judicial generó un conflicto con el MPA y el MPD, que presentaron recursos para revertir la decisión.
Conflicto por el nuevo edificio para los Tribunales de Santa Fe: la Corte, el MPA y la Defensa cruzaron acusaciones.
José Almeida / Aire Digital
La fiscal general del MPA y la Defensora General del MPD presenciaron el discurso de Apertura del Año Judicial 2026 a cargo del Presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.
El acto de apertura del Año Judicial 2026 en Santa Fe, encabezado este jueves por el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, se desarrolló en un clima institucional atravesado por una disputa abierta entre el máximo tribunal y los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa por el destino del nuevo edificio anexo a los Tribunales de la capital santafesina.
Gutiérrez brindó su decimocuarto discurso de apertura como titular del alto cuerpo, en una trayectoria de casi tres décadas como ministro de la Corte. Sin embargo, el eje político-institucional de la jornada quedó marcado por el conflicto que se generó semanas atrás a partir de una acordada del órgano que redefinió el destino del nuevo inmueble.
Una acordada que abrió el conflicto
El 24 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe firmó una acordada suscripta por sus siete ministros en la que dispuso que el edificio anexo a los Tribunales de la capital provincial sea destinado de manera íntegra al Poder Judicial.
Según la resolución, en caso de que existiera disponibilidad de espacio, se evaluaría la posibilidad de ceder sectores al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD).
El Presidente de la Corte Suprema indicó que el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe podría inaugurarse en los próximos meses.
La decisión generó cuestionamientos institucionales de ambos organismos. Sus titulares, María Cecilia Vranicich (MPA) y Estrella Moreno Robinson (MPD), presentaron recursos de revocatoria al considerar que la medida se adoptó sin la conformidad exigida por la Disposición Transitoria décimo sexta de la Constitución provincial reformada, que regula la asignación de inmuebles ya previstos para los Ministerios Públicos.
La postura de la Corte Suprema
Tras el acto de apertura del año judicial, Gutiérrez fue consultado por la prensa sobre el conflicto y ratificó el criterio expresado en la acordada del tribunal.
“El edificio es del Poder Judicial”, afirmó el presidente de la Corte, al tiempo que señaló que el Ministerio Público “de acuerdo a la reforma constitucional no pertenece al Poder Judicial”.
Rafael Gutiérrez inauguró este jueves el Año Judicial 2026, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Santa Fe.
En esa línea, sostuvo que la prioridad será el funcionamiento jurisdiccional. “Como dijimos en la acordada, si hay espacio se lo brindaremos, pero si no vamos a priorizar lo jurisdiccional”, expresó.
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Gutiérrez también indicó que el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe podría inaugurarse en los próximos meses. “Creemos que en dos o tres meses, si todo marcha como hasta ahora, tanto el de Casilda como el de Santa Fe los estaremos inaugurando”, señaló.
La respuesta del MPA y del MPA
Las declaraciones del presidente de la Corte encontraron una veloz respuesta de la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, quien sostuvo que el organismo mantiene su posición institucional y espera una respuesta formal al recurso presentado ante el tribunal.
“Nosotros solamente le estamos pidiendo a los ministros de la Corte que cumplan con la nueva Constitución”, afirmó la funcionaria. Vranicich explicó además que inicialmente no tenía previsto realizar declaraciones tras el acto, por tratarse del “día del Poder Judicial”, pero decidió hacerlo luego de conocer las expresiones del presidente del tribunal.
Moreno Robinson y Vranicich Discurso Rafael Gutierrez
La Defensora General del MPD, Estrella Moreno Robinson, y la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, en la Apertura del Año Judicial 2026.
Vranicich remarcó que la cláusula transitoria décimo sexta de la renovada Carta Magna establece que los inmuebles que ya estaban asignados a los Ministerios Públicos no pueden modificar su destino sin su conformidad.
“Ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa desde la génesis”, sostuvo.
Por otro lado, en diálogo con AIRE, la Defensora General del MPD, Estrella Moreno Robinson, aseguró que "la decisión unilateral de la Corte Suprema no respeta a la Constitución provincial, ya que no requiere la previa conformidad sobre el destino de los espacios edilicios asignados".
"El accionar de la Corte Suprema implica también una afectación a la independencia y las garantías de autonomía funcional, administrativa, y autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa, previstas en el artículo 134 de la Carta Magna", agregó la titular de la Defensa Pública.
El argumento constitucional del MPA
La fiscal explicó que el organismo incluso había avanzado en procesos administrativos vinculados con los espacios que le correspondían dentro del nuevo edificio.
Según detalló, en 2024 el MPA había iniciado una licitación para la instalación del tendido de redes de internet y electricidad en los pisos que estaban previstos para el organismo, trámite que quedó suspendido cuando se frenó la ejecución de la obra el año pasado.
Vranicich remarcó que la cláusula transitoria décimo sexta de la renovada Carta Magna establece que los inmuebles que ya estaban asignados a los Ministerios Públicos no pueden modificar su destino sin su conformidad.
En ese contexto, insistió en que el planteo del Ministerio Público no responde a una disputa institucional sino al cumplimiento de la norma constitucional.
“Esto no es un capricho institucional. Es pedirles a quienes tienen que ser los garantes de la Constitución que cumplan con la letra de los convencionales”, señaló.
Un conflicto abierto y un "divorcio" constitucional
Durante la conferencia de prensa, Vranicich también utilizó una metáfora para describir la relación institucional entre el Poder Judicial y los Ministerios Públicos tras la reforma constitucional.
“Desde la Procuración General de la Nación, cuando se produjo la separación en 1994, hablan de un divorcio. Esto es un divorcio y así tiene que ser entendido”, afirmó.
En esa línea, cuestionó que la decisión de la Corte se haya adoptado antes de abrir una instancia de diálogo. “Primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo”, planteó.
La fiscal general también advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo institucional, el conflicto podría escalar a instancias judiciales superiores.
“Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso hemos hecho reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad y la Constitución de la provincia”, señaló.
